Relaciones imprevisibles

RIcardo Reilly Salaverri

Notoriamente desde la instalación del actual gobierno el 1º de marzo de 2005 un sector que vivió alteraciones sustanciales fue el de las relaciones laborales. Y, las sigue viviendo.

En nuestro país unas 240.000 personas integrantes de su fuerza de trabajo son empleados del Estado en sus diversas manifestaciones y tradicionalmente el sindicalismo ha encontrado allí parte sustantiva de sus afiliados. Actualmente se sostiene que habría un crecimiento significativo de adherencia en el sector privado, tema sobre el cual hasta la fecha no se han conocido soportes de información que avalen hasta qué extremos esta situación es cierta.

Desde la primera revolución industrial, la del capitalismo y la máquina de vapor, hacia fines del siglo XVIII, hasta nuestros días la cuestión social planteada fundamentalmente en Europa por la aparición de fábricas, grandes concentraciones urbanas de asalariados en precarias condiciones de vida y el drama de la explotación de mujeres y niños por ser sus retribuciones más baratas, dieron lugar a pronunciamientos y protestas, que fueron generando realidades laborales distintas.

Una respuesta fue la del capitalismo de Estado, administrado por una oligarquía: el partido único comunista, en la que los sindicatos cumplían y cumplen una función policial y no reivindicativa (la Cuba castrista es un ejemplo actual de lo que va quedando tras crímenes colectivos y fracasos económicos y sociales estrepitosos).

Otras versiones han combinado soluciones privadas y públicas al impulso fundamentalmente de corrientes de pensamiento cristianas y socialdemócratas.

Con matices: liberalismo extendido en los Estados Unidos, cogestión en Alemania, fuerte negociación social en el sector privado de la economía reservado en principio a la empresa privada y en todos los casos libertad para la acción gremial y el diálogo laboral.

Cuando en 1919, por el Tratado de Versailles se funda la Organización Internacional del Trabajo, su doctrina matriz fue el tripartismo.

Que significa la promoción del diálogo entre gobiernos, sindicatos y asociaciones de empleadores, para la búsqueda de soluciones negociadas en beneficio de todos y del bien común.

Para lo cual hay muchas soluciones que no pasan por consejos de salarios obligatorios que terminan en la fijación administrativa de condiciones de trabajo y de salarios.

Perceptiblemente el actual gobierno hizo del Ministerio de Trabajo el cuartel general de actividades del Pit-Cnt y ha destratado al sector empresarial privado, dictando imposiciones de distinta naturaleza sin su consulta.

Y lo peor de todo está por venir, ya que a una ley de tercerizaciones totalitaria, que hace responsables solidarios a los contratistas por las andanzas de empresas subcontratistas que les son ajenas, se agrega ahora un procedimiento laboral que será objeto de excepciones de inconstitucionalidad toda vez que se planteé un juicio laboral y un sistema de negociación colectiva que desplaza a los dueños del mando de sus empresas. Imponiendo una coparticipación administrativa con delegados sindicales que plantea un negro panorama a la salud de la empresa privada nacional.

El mar de regulaciones promovido por el gobierno hará inmanejable las circunstancias laborales en tiempos que no se conozcan las facilidades económicas que el mundo nos regaló por estos años.