Una falsa descentralización

Francisco Gallinal

En el Uruguay, en el acierto o en el error, mucha gente se cuestiona si está bien tener diecinueve administraciones municipales. Ahora bien, seguir avanzando y creando nuevos órganos, instituciones y cargos va a generar gastos superfluos, confundir competencias y a generar enfrentamientos.

A la luz de la experiencia que hemos tenido con las Juntas Locales y las Juntas Locales Autónomas, el resultado no ha sido positivo. Por el contrario, no pocos problemas hemos tenido con esas Juntas y si seguimos avanzando por ese camino, ahora con Municipios, se van a generar problemas de las mismas características, con la única diferencia de que se producirá en más departamentos.

Esta democracia representativa es la única que podemos tener, porque así lo obliga el desarrollo de la sociedad. No estamos en condiciones de juntarnos a diario en el ágora para resolver entre todos lo que más conviene al país.

La Constitución de la República, en su nueva formulación, no obliga a la creación de esas autoridades locales; se trata de una potestad que el constituyente da al Parlamento. En el segundo inciso del artículo 262 se dice que "podrá" haber una autoridad local en toda población que tenga las condiciones mínimas que fijará la ley. Entonces es hora de empezar a mirar el tema desde otra óptica que es absolutamente ineludible: la del contribuyente. En este país todos somos contribuyentes. Estamos multiplicando el gasto, no la inversión, y generando más burocracia y más cargos, algunos que son honorarios, y otros que no. De todas maneras, aun cuando son honorarios, también generan gastos por el funcionamiento de estos organismos.

Es verdad que el constituyente de 1996 se fijó un conjunto de objetivos de carácter general que tendían precisamente a la descentralización; muchos de ellos ya los hemos alcanzado en la forma que termino de expresar -habrá que ver de qué manera los podemos perfeccionar-, pero el resto aún no se han cumplido, en algunos casos, porque necesitan tiempo y mejores condiciones económicas y, en otros, porque a nuestro juicio no se adecuan a las circunstancias que vive el país. Además, pensamos que esta no es una manera de defender los intereses del contribuyente porque, lamentablemente, a través de esta iniciativa no va a obtener mejores servicios de los que debería recibir en función de lo que aporta.

Hay una tercera línea de argumentación que no es para nada desdeñable. Si efectivamente se cumple con las disposiciones que en la leyes establecen, donde se transforma en obligación lo que es facultativo de acuerdo con la Constitución de la República, y si efectivamente vamos a tener un municipio en cada población de al menos dos mil habitantes, estaremos atentando contra el sentido de unidad y de pertenencia a una misma patria, generando elementos de confrontación, que van a ser francamente perjudiciales para nuestro país y su gente.

Esto no es más democracia, sino más burocracia, que va a generar un sentido de creerse el dueño, o el gobernante de su parcela territorial enfrentado a su Intendente, a su Junta Departamental y, en definitiva, al gobierno Nacional. Esto no es bueno para ninguna sociedad y mucho menos para una como la nuestra, que no tiene elementos de estas características que pongan en riesgo ese sentido de pertenencia.