Campeones

Leonardo Guzmán

Como dije acá tiempo atrás, he discrepado abierto con posturas públicas adoptadas por sucesivas tres generaciones de los Bordaberry.

Eso no me impide -al contrario: como liberal me obliga a- repudiar el exabrupto lanzado por la ministra de Salud Pública que, para defender la donación del Estado a una lista oficialista, se transformó en ofrecedora de preservativos para la campaña de cualquier partido que los pida.

Criado en contexto donde las convicciones y la prédica eran todo, no acepto que la adhesión política se gestione fuera del corazón y la cabeza y vaya a parar a la ingle.

Crecido en contexto liberal donde se menosprecia el argumento "ad hominem" -dirigido a atacar al hombre y no a lo que él sostiene-, no puedo aceptar que se aduzca que no se discute con hijos de dictadores.

Una respuesta de esa laya revela supina ignorancia sobre el abecé de la persona y la libertad: las preguntas no se contestan y las razones no se derrotan con la alusión a lo que hizo un antepasado. Dos más dos son cuatro lo diga quien lo diga.

Por eso, repito, condeno el exabrupto.

Es grave: todo Secretario de Estado debe estar dispuesto en todo momento a absolver posiciones sobre lo que hace, sin discriminar interlocutores. Los actos de los funcionarios públicos deben justificarse por la competencia de quien los dispone, por su motivación y por su contenido, sin que importe quién los escarbe o quién los critique.

Ahora resulta que en el Uruguay de la tolerancia, que en gobierno anterior votó una sabia ley que condena penalmente la discriminación, un gobierno que exprime el tema hasta distorsionarlo votando el permiso que parejas del mismo sexo adopten menores, tiene una Ministra-insignia que se permite discriminar a un hombre público por causa de filiación.

¡En qué laya de contradicciones se incurre cuando se sale del paso entre las ramas enredadas del pretexto, en vez de plantar el árbol robusto de los principios!

A través de este episodio de sainete, intraducible al lenguaje de las democracias serias, asoma el empobrecimiento de nociones básicas del Estado de Derecho -qué puede y qué no debe hacer un ministro- y de criterios elementales de buen gusto -cómo se debe tratar al ciudadano que pregunta y al adversario que discute.

Y lo más grave de todo es que en las raíces de todo esto se confirma una dramática flaqueza de las nociones básicas de la libertad civil y política, que no consiste sólo en que cada uno diga y haga lo que quiera sino que impone el deber recíproco de escuchar razones vengan de quien vengan, para que las instituciones y los ciudadanos todos organicemos nuestras diferencias construyendo conclusiones mediante un discurrir lógico, sin biombos ni anteojeras.

La libertad es, sí, una regla de convivencia política, pero aun antes que eso es un método de gestión del pensamiento.

Para que la libertad rija, por lo tanto, es un deber público combatir los empujes corporativos, medievales, que llevan a desclasar al adversario en vez de ahondar en sus razones para refutarlas o para hallar puntos de concordancia.

Al fin de cuentas, para fortuna del país es vieja regla que ningún lema se lleve todo el país para la casa.

Por eso, la ciudadanía merece recibir desde las alturas el ejemplo de gobernantes que abran su mente y sopesen razones sin preguntar quién las dice, en vez de atrincherarse en la descalificación y recocinarse en su propia salsa.