Tierra de nadie

Pablo Da Silveira

Un video registrado con una computadora del Plan Ceibal desató un debate hace pocos días. Las imágenes mostraban a una alumna de la Escuela 199 (una escuela de tiempo completo ubicada en Colón), agrediendo físicamente a otra. También mostraban a un maestro que pasaba de largo ante la escena y se limitaba a comentar que la alumna agredida merecía ese tratamiento. Las protestas se desataron enseguida y llevaron a que el Codicen abriera una investigación.

¿Hubo omisión de parte del maestro? En este caso es difícil saberlo, porque la prueba disponible es exigua. Pero lo grave es que, en el caso de que efectivamente la hubiera, no estaríamos ante un acontecimiento infrecuente.

Hace ya muchos años que el principio de autoridad ha dejado de ejercerse en los establecimientos de nuestra enseñanza pública. Muchos docentes han renunciado a poner orden y se limitan a dictar sus clases con una indiferencia casi total hacia lo que hacen los alumnos.

Muchos adscriptos han renunciado a controlar los patios y corredores: se mantienen refugiados en sus oficinas y sólo salen de allí para cumplir una tarea específica sin prestar atención a lo que ven en el camino. Muchos directores han circunscripto su autoridad a los límites estrictos del edificio en el que se desempeñan, sin fijarse en lo que hacen sus alumnos cuando ponen un pie en la vereda.

El episodio de la Escuela 199 ocurrió en un establecimiento de Primaria, pero las cosas verdaderamente graves ocurren en Secundaria. Concentrar a centenares de adolescentes en locales donde nadie manda y donde hay mucho tiempo libre (porque el ausentismo docente sigue siendo alto) es algo parecido a la receta para una tormenta perfecta. Por eso los centros de estudio se han vuelto lugares inseguros. Un nuevo tipo de violencia (sin motivos reconocibles y, por lo tanto, imprevisible) ha hecho que se invirtiera el estado normal de las cosas: antes los padres se sentían tranquilos cuando sabían que sus hijos estaban en el liceo; ahora están inquietos por esa misma razón.

Aunque las causas de este deterioro son complejas, al menos una cosa está clara: no es verdad que la violencia dentro de los centros de estudio se deba a la violencia que existe en la sociedad. La violencia urbana y doméstica es real, pero puede ser amortiguada o amplificada en las escuelas y liceos. La prueba es que muchos establecimientos privados que atienden a poblaciones consideradas difíciles logran un buen clima de convivencia.

¿Dónde está entonces la explicación? Lo esencial de la respuesta apunta al modelo de gestión. Los establecimientos de la enseñanza estatal funcionan según reglas que les impiden convertirse en comunidades educativas. Ni los estudiantes, ni los docentes, ni los adscriptos, ni los directores consiguen sentirse en casa. Más bien al contrario, se sienten enfrentados a un sistema rígido e impersonal que, en el mejor de los casos los ignora y en el peor los agrede.

Hace ya varias décadas, Hannah Arendt decía que la crisis del principio de autoridad no se debe a que quienes deban obedecer se nieguen a hacerlo, sino a que quienes deberían mandar prefieren eludir esa responsabilidad. Para ejercer la autoridad es necesario asumirse como representante del orden institucional vigente. Pero si nadie consigue identificarse con ese orden, nadie va a sentirse dispuesto a dar la cara por las normas de convivencia.

El problema es serio, y no es de los que se arreglan con plata.