Tierra de nadie

Desde que el jefe de policía de Canelones confesó haber sido emplazado por la dirección sindical, que le dio cuarenta y cinco minutos para desalojar al propietario de la curtiembre en Las Piedras, la vigencia del estado de derecho quedó cuestionada. El día anterior, allí, los palos habían sustituido a la razón.

Esto es una señal clara de lo que está pasando en Uruguay, donde en materia de garantías individuales la ley cede ante la violencia impunemente.

Los conflictos laborales se resuelven con palos y cadenas, y el empatotamiento es la fórmula para reclamar derechos legítimos o supuestos, que de los dos hay. Da la impresión de que aquí no manda nadie, y cuando esto sucede se impone el más fuerte, como en la selva.

Es el Derecho quien brinda las garantías para que, como en cualquier civilización moderna, la norma prime sobre el instinto. Para ello las sociedades se dan un contrato que en su mayor jerarquía se expresa en la Constitución de la República. Allí nos ordenamos como colectivo humano y establecemos nuestros derechos y deberes. A ella nos sometemos todos los individuos que, independientemente de raza o religión, color político o ideología alguna, entendemos que nuestra libertad se conjuga con las libertades de los otros. Para poder vivir en paz la respetamos y para vivir en libertad la defendemos y depositamos en la ley la regulación de los aspectos que hacen a la vida en sociedad. Cuando alguien se siente vulnerado en sus derechos o cree estarlo siendo, recurrimos a los institutos previstos para amparar los mismos. Serán, entre otros, la Policía o será la Justicia. Allí está la fuerza legítima y el derecho expresándose.

A ver si nos entendemos, este no es un concepto que puedan defender con más calor quienes votan a un partido político que a otro, esto diferencia la vida en sociedad de la vida en la selva.

Desde el gobierno no se ejerce la autoridad legítima y la sensación en la gente es de indefensión.

Quienes votaron al EP lo hicieron por Vázquez y no por Castillo ni ningún otro dirigente sindical. Por ello entre otras cosas las órdenes a la policía las debe dar el ministro del Interior y no la dirigencia de un gremio.

No tenemos ministro de Trabajo porque en verdad lo es del Pit-Cnt y a él está subordinado, no tenemos ministro de Interior, porque su titular está de viaje hace semanas y en plena carencia de garantías su destino es Barcelona y no Montevideo, pero además desde aquí el subsecretario muestra estadísticas que dicen que lo que se está sufriendo en los barrios es pura alarma y la inseguridad, según él, es un cuento. Bueno, del Ministro de Vivienda ni hablar porque no se sabe en qué lugar del mundo se encuentra, y el de Relaciones Exteriores está en Rusia cuando estamos en plena crisis con Argentina, aunque en verdad si estuviera aquí la cosa no cambiaría mucho.

Las garantías individuales, el derecho a ser protegidos en nuestra libertad, seguridad, trabajo y propiedad están sometidos a la parálisis de un gobierno que con miedo queda estático frente a minorías que lo condicionan para que no actúe. El Poder Ejecutivo genera un vacío legal en materia de ocupaciones y al tiempo de ello volvemos a ver en pantalla imágenes de violencia entre uruguayos que creíamos eran cosa del pasado. Minorías radicalizadas emplazan a la Policía, pero también al gobierno, y son acatadas.

Luego de doce años de dictadura, quienes menospreciaban las libertades formales admitieron el error de no haberlas valorado y muchos de ellos hoy ocupan, por esas libertades, cargos de gobierno. Han tenido en este año muchas contradicciones, la única que es inadmisible es que reconozcan haberse equivocado, pero vuelvan a hacerlo.