Para Vidalín hay intencionalidad política en denuncia

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3/3: Las inundaciones dejaron cientos de personas evacuadas. Foto de Archivo 

Abogados de Presidencia de la República presentaron ayer en el juzgado de Durazno una denuncia penal contra el Comité Departamental de Emergencia de Durazno, por el destino de los dineros enviados por el gobierno central como ayuda a los damnificados por las inundaciones de mayo de 2007.

Entre otros elementos se reclama saber el destino de los fondos donados por el Bando Interamericano de Desarrollo (BID), para la construcción de cinco viviendas prefabricadas, para alojar a afectados.

El ex intendente de Durazno, Carmelo Vidalín, dijo que "no hay nada que ocultar" y que las donaciones entregadas a los damnificados por la creciente del río Yí en mayo de 2007 "estan certificadas" y firmadas por los propios beneficiarios.

Vidalín dijo que está de acuerdo con que se investigue porque "despejará cualquier duda que exista", aunqe remarcó con firmeza que la "esto tiene una intencionalidad política y ofende a las instituciones que han trabajado como integrantes del Comité Departamental de Emergencias".

El ex intendente pidió a los jerarcas que en esa época dirigían reparticiones vinculadas al manejo de las donaciones a que "brinden a la justicia los datos que necesiten para dar respuesta a las interrogantes que surjan del proceso judicial" y deslizó que le parece una "coincidencia" que se presente una denuncia de este tenor "justo en la recta final del proceso electoral de nuestro país".

EXPLICACIONES. Por su parte, José Pedro Rodríguez, el ex coordinador departamental del Comité, y otro de los jerarcas involucrados en la denuncia explicó a Radio Carve, que el predio donde se debían construir las viviendas donadas por el BID, está ocupado y se está dando el desalojo.

Según el ex jerarca, la OPP, haciendo de intermediaria del BID, le entregó a la ONG El Abrojo cerca de US$ 60 mil para comprar las viviendas. Estas fueron adquiridas en plaza "hace menos de un año", y los materiales están distribuidos entre el Regimiento de Caballería, la Brigada Aérea, que tienen sede en Durazno, y dependencias municipales.

"El terreno que estaba destinado a lugares para verificar esas viviendas está ocupado por una tercera persona", explicó Rodríguez a la pregunta de por qué no se habían construidos esas viviendas.

El ex jerarca dijo además que las mismas serán entregadas junto a otras 50 casas que construye Mevir, pero que hasta que no se logre desalojar al ocupante del terreno, no pueden comenzar la construcción de las mismas.

Mientras tanto, según Rodríguez, la Intendencia de Durazno gastó más de US$ 1,5 millones en alojamiento para los afectados.

DENUNCIA. Un decreto de investigación administrativa firmado en mayo por el presidente Tabaré Vázquez, recogió una denuncia de ciudadanos de Durazno. Los instructores sumariantes, Marianela Delor y Eduardo Sellanes, comentaron que tomaron declaraciones "a altos funcionarios de la intendencia de Durazno, constatamos graves irregularidades, por lo que nos vimos obligados a presentar una denuncia", sobre las 15 horas ante la magistrada, María Constanza Farfalla.

Sellanes aludió directamente al ex intendente, Carmelo Vidalín, titular del comité local en ese momento. "Será la sede penal la que determine si esas graves irregularidades constituyen un ilícito o no", se limitó a señalar Sellanes.

Los ediles de izquierda Zulma Corbo, Eduardo O`Neill y María Argüello, denuncian que "aportes y donaciones no llegaron en su totalidad a quienes debían llegar en su momento". Por un tema vinculado, hoy a las 14.30 la bancada de ediles del Frente Amplio de Durazno será recibida por el ministro de Vivienda. "Por el incumplimiento del convenio suscrito entre la IMD y el Mvotma para reparar viviendas afectadas por la crecida; eran dos partidas de $ 3.350.000; vino la primera y se usó en cualquier cosa, queremos que se determinen responsabilidades", dijo O`Neill.

Producción: Víctor Rodríguez, corresponsal en Durazno.