Leyes de papel

Antonio Mercader

Tenemos una ley que penaliza el aborto, pero ello no impide que se realicen 40 mil al año. Tenemos otra que impide ceder derechos de transferencia de un futbolista, pero hay contratistas "dueños" de los jugadores. Y otra que autoriza la propaganda política sólo en los treinta días anteriores a las elecciones, pero ni siquiera el gobierno la respeta. Y otra más que obliga a los organismos públicos a cubrir el 4% de sus vacantes con discapacitados, pero que suele ignorarse.

Y así podríamos citar hasta el infinito leyes que no se cumplen. Algo anda mal en un país cuando abundan las normas que viven sólo en el papel. Un ejemplo reciente es que en el debate sobre el traslado de los restos de Artigas se dijo que la dictadura vetó la inclusión de frases del prócer en el mausoleo, lo que de por sí justificaba la mudanza. Sin embargo, en seguida se supo de una ley votada en democracia que creó una comisión parlamentaria para elegir otras frases. La comisión nunca se había reunido.

Es grave que los legisladores no acaten las leyes que ellos mismos aprueban. Tan grave como que el gobierno las desacate como pasa con la nueva ley de derecho de acceso a la información pública que habilita a los ciudadanos a requerir datos, pero que ministerios y entes estatales se los niegan. O que un tercio de la economía uruguaya se desenvuelva en la informalidad, es decir, al margen de toda regulación, lo que retrata la creciente erosión de nuestro sistema normativo. Es inquietante.

Aspecto central del problema es la gestión de legisladores que a veces votan con buena intención aunque sin conocer la realidad. El legislador no es un "todólogo", razón por la cual, en países desarrollados tiene un cuerpo de asesores y puede contratar expertos en cada tema, lo que no sucede entre nosotros. A esas carencias se suma la tendencia a apoyar normas inspiradas en el bien común aunque se las sepa impracticables: es gratis hacerlo y oponerse a ellas puede tener altos costos políticos.

Es que el parlamentario procura responder con leyes a las inquietudes de la gente. Véase el tema de los accidentes automovilísticos, causantes de una auténtica carnicería en nuestro país. Para reducirlos se votó una ley de tránsito y seguridad vial que obligó a los conductores a realizar periódicamente una inspección técnica de sus vehículos. Existe la norma, pero no se aplica en la mayor parte del territorio nacional por falta de medios o de interés de los gobiernos departamentales.

Algunos argumentan que este tipo de leyes tienen por lo menos el efecto de orientar a la gente en la dirección correcta. O sea que en el caso anterior, la posibilidad de una inspección movería a los automovilistas a preocuparse más por la condición de sus vehículos. En esa línea, habría que aceptar que las leyes se voten con fines meramente indicativos o como parte de una campaña de educación popular, lo que parece un despropósito.

La calidad de un período legislativo no se mide por la cantidad -como suele hacerlo el Frente Amplio que exhibe, orgulloso, el número total de leyes aprobadas merced a sus mayorías automáticas- sino por los beneficios efectivos que producen las leyes en la sociedad. Normas de papel, como las que por aquí abundan, terminan por desprestigiar al Parlamento y al sistema democrático.

Al respecto vale recordar el consejo que don Quijote le dirigió a su fiel Sancho cuando éste se disponía a asumir el cargo de gobernador de la ínsula de Barataria: "De leyes pocas, pragmáticas y que se cumplan".