Marcha atrás

Luego de una semana donde varias voces del gobierno derrocharon optimismo sobre un posible acuerdo entre Uruguay y Argentina por la instalación de las plantas de celulosa, la súbita cancelación de la cumbre Kirchner-Vázquez cayó como un mazazo.

Al parecer, al gobierno argentino le pareció poco el plazo de 10 días de suspensión de obras que la empresa Botnia ofreció como gesto para destrabar la empecinada oposición de los vecinos a que se concrete la mayor inversión de la historia del país.

El argumento empleado por Buenos Aires carece de toda lógica. Afirman que 10 días no es plazo suficiente para realizar un estudio ambiental como el que ellos quisieran. Lo que no dicen es que las plantas recién comenzarán a funcionar dentro de un año, con lo cual tiempo es lo que sobra si realmente su preocupación fuera realizar un estudio ambiental en profundidad.

Esto deja bien claro de una vez por todas que a los argentinos lo que los mueve no es un afán ecológico. ¿Cuál sería si no el problema de seguir adelante con las obras? Si el estudio dijera que hay que instalar algún sistema de desagüe más riguroso o algún nuevo control, siempre habría tiempo para instrumentarlo antes de que finalice la construcción.

Pero hay otro aspecto del problema que se vuelve cada vez más inquietante. Ya sea debido a la frustración por su incapacidad negociadora, o como consecuencia de las presiones argentinas, se palpa que desde el gobierno se responsabiliza a la empresa finlandesa de este nuevo fracaso.

La empresa, cuyo principal "error" ha sido decidir invertir mil millones de dólares en nuestro país, ha tenido gestos más que suficientes y una paciencia encomiable ante las prepotencias de unos y las ineficacias e indecisiones de otros.

¿A quién se culpará si mañana la empresa decide que Uruguay no es un país confiable para hacer negocios y se muda a barrios más amigables?

Hace unos días el presidente Vázquez afirmó que este conflicto "puso en juego si somos considerados provincia o Estado independiente". Es hora de que el gobierno asuma sus responsabilidades y defienda lo que se ha convertido en una causa vital para el futuro de la soberanía nacional con la seriedad y firmeza que una situación de semejante gravedad amerita.