Mal trago en Ginebra

Antonio Mercader

Seguimos de mala racha en la sede de Naciones Unidas en Ginebra. Allí, en marzo, el subsecretario de Educación, Felipe Michelini, confirmó la gira de un delegado de ONU por las cárceles uruguayas, con los pésimos resultados conocidos. En abril, en el mismo sitio, nuestra delegación ignoró los dichos del presidente iraní contra el derecho de Israel a existir, actitud después rectificada por la cancillería. Y en mayo, de esa ciudad suiza nos llegaron otra vez malas noticias: el Consejo de Derechos Humanos de ONU condenó a Uruguay por varios motivos.

Uno de ellos es de vieja data: la ley de caducidad. En Naciones Unidas preguntan por qué el gobierno del Frente Amplio no usa su mayoría parlamentaria para derogarla (por qué esperar al resultado de un plebiscito, inquieren). También denuncian el mal estado de las cárceles, en las cuales, según el enviado de ONU, Manfred Novak, se violan los derechos humanos "en gran escala", con un nivel de degradación inaceptable. Además, critican al gobierno uruguayo por tolerar la situación de desigualdad de las mujeres y de la población negra, entre otras cosas.

Este último mal trago en la ciudad de Juan Jacobo Rous-seau era previsible. Uruguay presentó al Consejo de Derechos Humanos su informe cuatrienal, es decir, del período 2005-2009, cuyos datos se cotejaron con informes de otras fuentes. Los resultados fueron tan negativos como en el caso de las cárceles. Por ejemplo, sobre los derechos femeninos sufrimos la censura de los países miembros del Consejo, una intimación del delegado peruano que pidió un trato más igualitario para las mujeres y una acusación de Portugal que presentó a las uruguayas como "víctimas de la violencia doméstica".

Algo similar pasó con la situación de los afrouruguayos a quienes la ONU califica como discriminados a pesar de que este gobierno había anunciado que se ocuparía de ellos. Con un agregado curioso: la imprevista inclusión de los "indígenas" en la lista de los maltratados. El canciller Gonzalo Fernández, jefe de nuestra delegación en Ginebra, debió quedarse perplejo ante esa alusión inesperada, lo que quizás justifica su reacción: dijo que "en los inicios de la República los indios de mi país sufrieron un genocidio". (Un aserto que no explica nada y que no dejará feliz al ex presidente Julio Sanguinetti quien hace poco le restó entidad a la "victimización" de los charrúas). Hoy miércoles, siempre en Ginebra, Fernández hará los descargos a nombre de Uruguay, proclamará propósitos de enmienda y prometerá impulsar las reformas aconsejadas. Así, quedarán satisfechas las inquietudes de ONU, al menos por el momento.

En tanto, los ciudadanos de este país tenemos derecho a preguntarnos cómo es posible que un gobierno que tanto se vanagloria de respetar los derechos humanos reciba esta andanada. Porque ese informe cuatrienal presentado ante el Consejo de Derechos Humanos corresponde a los cuatro últimos años, es decir, al mandato del Frente Amplio. Un gobierno que, según declaró en Ginebra, en marzo, Felipe Michelini, considera a "la defensa y promoción de los derechos humanos" como "un imperativo ético, jurídico y de gobierno".

Pero una cosa es declamar y otra es hacer. A juzgar por lo ocurrido en Ginebra, se trata de un "imperativo" que este gobierno no hizo imperar en los últimos 4 años pese a contar con mayoría parlamentaria y gozar de una bonanza económica. ¡Las cosas que diría el Frente Amplio si en vez de gobierno fuera oposición!