Peor que un error

Juan Oribe Stemmer

Las grandes potencias tienen intereses, los países más pequeños tienen el derecho internacional. Podría decirse que las grandes potencias no necesitan poseer una gran política internacional para defender sus intereses. Les basta con su peso económico, político y militar.

Quienes sí necesitan una sólida estrategia internacional son los países pequeños. Estos deben confiar en los fuertes argumentos de la razón, la justicia y el derecho para proteger su independencia, su cultura, su economía y su dignidad.

La comunidad internacional ha tejido una red de principios fundamentales dirigida a contener las apetencias y prepotencias de los grandes y poderosos. El Uruguay ha tenido una política internacional permanente de exigir el respeto de esos principios de soberanía, igualdad, no intervención y autodeterminación. Lo ha hecho porque es lo racional y, sobre todo, porque son la principal defensa de su existencia como Estado independiente.

Cada sociedad nacional es soberana dentro de su territorio. Las relaciones entre los Estados deben regirse por el principio fundamental de la igualdad soberana (salvo excepciones muy limitadas, como sucede con el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas), ningún Estado puede ser obligado si no es por su propio consentimiento, los gobiernos (y los ciudadanos) de un Estado no deben entrometerse en los asuntos internos de los demás Estados. Son reglas de convivencia justas y sensatas.

Esta aventura del Parlamento del Mercosur en la que tan alegremente se interna nuestra país es un ataque directo a cada uno de aquellos principios y un gravísimo pecado el aceptarlos.

Hasta ahora, cada uno de los cuatro socios plenos del Tratado de Asunción ha tenido una misma representación en el Parlasur. Pero, en la última reunión de este cuerpo se acordó adoptar un criterio de "representación ciudadana con proporcionalidad atenuada". Algo que, en castellano antiguo quiere decir: "los grandes seremos muchos y los chicos sereis demasiados pocos".

La nueva composición será de 75 parlamentarios regionales para el Brasil, 43 para la Argentina, 18 para el Paraguay y 18 para el Uruguay. La posición de nuestro país será aún peor si se integra Venezuela (con sus 27,9 millones de habitantes). Nos hemos apartado del principio esencial de igualdad entre los Estados.

El Parlasur se compondrá, en el futuro, de representantes elegidos directamente por los votantes en los respectivos países. Como resultado, un diputado brasileño o argentino, podrá, legítimamente, intervenir en asuntos internos uruguayos (parecería que no han aprendido nada de la experiencia de Gualeguaychú). Entonces, nos alejamos del principio de no intervención. Más bien como que lo aceptamos.

Además, el Parlasur está avanzando decididamente por un camino político "expansivo" que lo conduciría a adoptar un rol supranacional.

Pasaríamos, entonces, de un órgano "entre los Estados" a uno situado "por encima" de los Estados. Como resultado, tiramos por la borda el principio de que el Uruguay solamente puede ser obligado por su propio consentimiento y el principio de no intervención.

Tenemos, entonces, un organismo supranacional, dominado por un país (a lo máximo dos), en el cual el Uruguay tiene una representación mínima, que podrá tomar decisiones de nivel supranacional con un efecto político o, incluso jurídico, dentro de nuestro país.

Esto es peor que un error, es una candidez.