Carnaval político

Rodolfo Sienra Roosen

Dicen que se presentaron trescientos y pico de mil firmas apoyando la reforma constitucional que declarara la anulación de la ley de Caducidad. Es probable que las firmas estén, porque la gente la pone por hacer una pierna o vaya uno a saber qué tranvía le vendieron a cambio de su rúbrica.

Comprobarlo es tarea de la Corte Electoral, que además habría que estudiar si no tendría competencia para impedir que se consume este atentado al Derecho, e impida el plebiscito declarando que la anulación de una ley es hacer trizas a los principios que imperan en el orden jurídico, una degeneración del sentido común.

Ni Mandrake podría des- cifrar cómo a la ciudadanía de un país que cuando pudo aceptar la impugnación de una ley hizo lo contrario, y la ratificó, casi un cuarto de siglo después de vivir aplicándose, se la convoque para que declare que esa ley ratificada en realidad no existió nunca, ya que ése es el efecto de la nulidad.

Esta gente parece de mentira pero es de verdad. Varias veces advertimos que son capaces de cualquier cosa. Ahora el Presidente nos ha enterado que también apoya la barbarie jurídica en proceso, aunque como ciudadano, no como presidente.

En esa condición -agrega- se siente obligado a aplicar la ley. Pero ocurre que su principal deber como ciudadano es también respetar al derecho. Es claro, es médico. Entonces no tiene límites para creer que puede prescindir de su investidura, sustituirse a la Suprema Corte de Justicia, y decretar la inconstitucionalidad de la ley.

Buscando una explicación hay que mirarlo no desde el ángulo jurídico, porque es imposible, sino del político. Y en ese plano lo único que se puede aceptar es el intento de sensibilizar a la gente haciéndola creer que sólo la izquierda quiere verdad y justicia, y que los demás somos unos perversos que queremos salvar a los militares de sus excesos en la dictadura.

No vemos otro argumento que pueda impulsar este abuso de desprecio a la inteligencia de un pueblo, que como no puede apreciar la magnitud de la salvajada dada la naturaleza técnica de la cuestión, se traga la píldora.

No nos duelen prendas con las sanciones a los militares. No es eso lo que nos aterra. Esta propuesta nada tiene que ver con la confrontación ente la dictadura y los derechos humanos: la cuestión es entre el pudor por la legalidad y la impudicia. Chávez, por ejemplo, logró constitucionalizar una agresión a la democracia como lo es la perpetuidad de por vida de una persona en el poder. Esto ni siquiera es parecido, es antidemocrático, pero básicamente una estupidez.

Una estupidez diabólica para la garantía de la seguridad jurídica ¿Quién va a poner un peso en una inversión en el país en determinadas condiciones que fije la ley si existen antecedentes que años después el Estado, por reforma constitucional, le puede cambiar esas condiciones y ponerle las que se le dé la gana?

Lo único que cabe esperar es que salvo los votos cautivos del oficialismo, todos los demás, incluidos los de frenteamplistas lúcidos, comprendan el alcance de esta burda maniobra y no la acompañen. Y volvemos a repetir: son capaces de cualquier cosa. No conocen freno para sus designios. Desconocen la garantía de la legalidad, de los derechos individuales, sustento de la libertad.