IGNACIO DE POSADAS

Tanto se ha dicho y escrito (y tan poco con conocimiento de causa), que bueno es comenzar ubicando el tema en la realidad: no se trata de su uso cuando hay crímenes. Nadie discute eso. Aquí no estamos en el campo del lavado de dinero y ni siquiera de la defraudación tributaria. Por lo que nos presionan los países poderosos es para que les demos información bancaria que ellos puedan usar para apretar a contribuyentes que no están tributando como esos fiscos creen que deben.

Primera pregunta entonces: ¿el secreto bancario, es inmoral o antiético? Claramente no. El Uruguay no tiene obligación alguna de velar por la recaudación tributaria francesa o inglesa (ni esos países nos darán nada a cambio si lo hiciéramos).

Segunda pregunta: ¿qué derecho tienen de presionarnos para que modifiquemos normas internas, perfectamente correctas, en su beneficio (y nuestro perjuicio)? Absolutamente ninguno. El texto de la declaración (amenaza) de la OECD dice que los países deben ajustarse a las "normas internacionales" en materia de información tributaria, lo que puede llevar a engaño, como si se tratara de una convención de Naciones Unidas o de algún otro acuerdo multilateral firmado por nuestro país, cuando en realidad se trata de una convención de la OECD, de la cual no formamos parte y no tiene atribución alguna sobre nosotros. Que quede claro: se trata pura y simplemente de una imposición a la fuerza. No habrá cañoneras, pero el principio es exactamente el mismo.

Tercer pregunta: ¿por qué lo hacen? Porque a lo largo de décadas, esos países (con la parcial excepción de los EE.UU.), han ido aumentando y complicando, enormemente, sus cargas tributarias, alejándose de toda conmensurabilidad con el retorno que esas administraciones le dan a sus contribuyentes. O sea, un problema de ellos, con el que nada tenemos que ver.

Cuarta pregunta: ¿en qué nos beneficia a nosotros el tener una legislación sobre secreto bancario? En realidad la pregunta está mal planteada. Nuestra Constitución consagra, como uno de los derechos individuales, el de la intimidad, con lo que no es estrictamente necesario que exista una ley que lo repita para cada una de sus manifestaciones. Existen normas sobre secreto bancario en la medida en que el mismo deba limitarse (p. ej. en casos de delitos), no como requisito para su existencia. O sea que ni siquiera interesa si nos beneficiamos o no de él: es un derecho y punto. Pero, sí nos beneficia: un país como el Uruguay debe hacer todo lo posible por atraer y retener recursos y es obvio que asegurar la reserva constituye un factor básico a la hora de resolver dónde poner la plata.

Queda claro a esta altura que lo hecho por los países de la OECD carece de fundamentos jurídicos y por tanto éticos, lo cual constituye una gran injusticia.

Más indignante aún es que se trata de una mayúscula hipocresía. El mayor receptor de capitales que se desplazan por motivos tributarios no es el Uruguay, ni las Islas Vírgenes, ni Panamá, ni siquiera Suiza: es EE.UU. Primero por que su carga tributaria es menor, pero además por que tiene una serie de mecanismos que favorecen la colocación de recursos protegiendo su anonimato y reduciendo o eliminando su tributación. Para dar una idea, EE.UU. acepta dar información tributaria sólo en los casos de extranjeros que pagan impuestos en aquel país, con lo cual, si se usa una sociedad (LLC) que no paga, queda al amparo de toda divulgación. No es casual que EE.UU. sea el mayor proveedor mundial de sociedades para uso offshore. Cada año constituyen cerca de dos millones (en su mayoría por Internet) siendo la principal fuente de ingresos de Delaware.

No para ahí el incumplimiento de EE.UU. a la normativa de la OECD (que integra). Sus normas incluyen la figura del "qualified intermediary", lo cual permite que se realicen inversiones financieras en ese país en forma anónima, ya que el "qualified intermediary" es un banco del exterior que invierte a su nombre pero por cuenta de sus clientes, y lo único que se le exige es que se comprometa a que no va a invertir en interés de residentes en EE.UU.

Planteado el problema, ¿qué debió hacer nuestro gobierno (en vez de dormirse)? Lo primero y más obvio, averiguar qué estaban haciendo, o habían hecho, otros en situación similar a la nuestra.

Hubieron diferentes posturas, como que diferentes son también las realidades. Así, algunos países, muy dependientes de la U.E. aceptaron el texto que empujaba la OECD, otros, caso Suiza, no aflojaron tanto, restringiendo la entrega de información tributaria a los casos en que existan tratados de bitributación y cuando se planteen solicitudes concretas, y debidamente tramitadas (siempre que no haya un plebiscito derogatorio posterior) y todavía otros, como Panamá, se limitaron a reiterar viejas manifestaciones de voluntad sin tomar medidas.

Por último, ¿qué debe hacer el gobierno ahora, habiendo perdido la oportunidad de acomodar el cuerpo antes de ser públicamente escrachado? Es notorio que salió corriendo a decir que hará buena letra, asustado por las amenazas de los grandes. Calma: corresponde detenerse a reflexionar qué es lo mejor para nuestro país. Recuperar un poco de la dignidad perdida y aplicar la famosa frase de Artigas, sobre nuestro patrimonio (inclusive moral) y el bajo precio de la necesidad.

No julepearse en exceso entregando el derecho a la confidencialidad, ¿ganamos o perdemos?