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RIcardo Reilly Salaverri
Por estos días hemos escuchado comentar en ruedas amigas algunos hechos que revistan entre los que llaman la atención de la gente.
Personalmente somos aficionados al boxeo y confesamos no nos gustan las contiendas femeninas. En relación con el tema en nuestro país últimamente se montó todo un circo con calor oficial y oficialista, y se vio coronar a una dama co-mo "campeona mundial juvenil de peso ligero", de no se sabe bien qué organización. La escenografía contó inclusive con la subida al cuadrilátero del Presidente de la República. Deportivamente el hecho ha derivado a una reciente renuncia con escándalo público de la campeona, quien se ha negado a combatir por supuestamente otro título mundial, repartiendo calificativos gruesos a sus promotores, a quienes culpa de su desistimiento.
Hasta aquí a unos puede parecerle bien la cosa y a otros no tanto, según corresponde a un país en que la opinión hasta ahora es libre.
Donde el asunto comienza a complicarse es en algunas derivaciones paralelas al pugilismo estrictamente hablando.
En primer término la boxeadora anunció su adhesión a la candidatura frentista de Danilo Astori, tras haber firmado por la reelección de Vázquez. Luego se supo que Antel, nuestra compañía telefónica, la nacional, había resuelto contratar a la novel campeona en la módica suma de cincuenta mil dólares para el uso publicitario de su imagen, y que su compañero -también boxeador- había sido contratado en la curiosa categoría administrativa de "guardaespaldas", porque al parecer el Director del ente que lo integró a la plantilla del mismo, tiene inconvenientes de alto riesgo con algún sector del personal.
El leviatán en sentido bíblico y en la tradición religiosa católica es un monstruo marino que en la antigüedad se asimilaba al demonio o enemigo de las almas. Y en filosofía política la expresión se ha usado para definir al Estado, que de mil formas invade la libertad individual y abusa de sus súbditos.
Nuestro país tiene 230.000 empleados públicos y es el país de América Latina que tiene mayor número de funcionarios por habitante. Recientemente trascendió, además, que promedialmente los dependientes del Estado ganan como retribución dos veces y media más que los trabajadores del sector privado, teniendo estos últimos una estabilidad en el empleo no asegurada.
No está demás recordar episodios como los de la Intendencia Municipal de Montevideo y el convenio Arana, que nos han costado a los contribuyente algo así como 60 millones de dólares, o el costo de las andanzas de Bengoa, persona de confianza del ex ministro Astori en su cartera, cuando dirigió los casinos municipales. Y, manifestación cúlmine de la mala administración y políticas de gobierno arbitrarias y equivocadas, no puede olvidarse el proyecto azucarero de Bella Unión, que apunta al desarrollo contra natura de plantaciones y elaboración industrial, en un país que no tiene aptitud para el desarrollo de esta cultura agrícola, el que ha trascendido viene costando alrededor de 100 millones de dólares siendo sostenido por Ancap, otra joya de la soberanía nacional.
Todo lo anterior, es apenas una muestra de algo que se traduce en altas tarifas de servicios públicos, y en altísimos impuestos nacionales y municipales y, en definitiva, en una artillería fiscal impiadosa que el leviatán estatal descarga sobre quienes más se esfuerzan y de verdad producen. Solventando extendidamente, lo absolutamente injustificable.
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