Buscan que haya menos presos

A instancias del Poder Ejecutivo, diputados del Frente Amplio analizará mañana un anteproyecto impulsado por el Ministerio del Interior que prevé varios cambios en la legislación que regula el sistema de penas alternativas que aplican los jueces en material penal.

La propuesta, que está enmarcada dentro de las iniciativas para descongestionar el sistema carcelario que anunció esta semana la ministra Daisy Tourné y que está siendo estudiada en forma individual por varios integrantes de la bancada oficialista, sufriría diversos cambios en su redacción antes de que se ponga a consideración parlamentaria, dijeron a El País legisladores frenteamplistas.

"Se procurará que las medidas sustitutivas perjudiquen en la menor medida posible las actividades laborales o educativas del procesado", señala el texto.

El anteproyecto establece que el juez de la causa "no decretará" la prisión preventiva del procesado en casos en los cuales la pena no conlleve una sanción de penitenciaría. Actualmente, la ley señala que el magistrado "podrá no decretar" la reclusión en esos casos.

Además, la propuesta faculta a los jueces a "no decretar" la prisión preventiva a los procesados "que revistan la calidad de reiterantes, reincidentes o habituales por cometer delitos que no afecten el mismo bien jurídico, en aquellas causas que no haya de resultar pena de penitenciaría y cuando la gravedad del nuevo proceso así lo justifique".

En el mismo sentido, la iniciativa brinda mayores potestades al Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados y, eventualmente, a otras instituciones ante las cuales puedan presentarse periódicamente los procesados. Según la norma vigente, en esos casos los enjuiciados deben presentarse ante el juzgado o la seccional policial que le corresponda.

También se proponen varios cambios en relación a los casos en los cuales el juez dispone la realización de tareas comunitarias, las cuales no podrán tener retribución de ningún tipo ni beneficios jubilatorios. Además, se establecen modificaciones a los regímenes de arresto domiciliario, que pasarían de un máximo de tres a seis meses. Se prevé que en los casos en los que no se disponga la suspensión de la pena, también podrán aplicarse sanciones optativas.