De apuro y sin tiento

Leonardo Guzmán

El informe del Comisionado de las Naciones Unidas sobre nuestras cárceles fue, sí, "lapidario". "El riesgo de violencia del sistema penitenciario y la falta de un plan alternativo son una fuente seria de inseguridad y deterioro de los valores básicos."

Concluyó que las condiciones de alojamiento del Penal de Libertad son, en el mundo, "de las peores": "muchas personas están, por años, encerradas en pequeñas jaulas".

Estos juicios tienen que avergonzarnos.

Evidencian desidia ante el prójimo, incompatible con todo humanismo.

Prueban que se estuvo echando en saco roto las advertencias que, con hechos, formuló reiteradamente el Comisionado Parlamentario Álvaro Garcé.

La reacción del Presidente Vázquez fue la que correspondía: declaró necesario un acto quirúrgico inmediato y dispuso sacar de Libertad a un primer contingente de 300 presos. Y sí: en su origen griego, "cirugía" es meter la mano para cortar lo que no se curó a tiempo. Fue lo que hizo.

Pero ¿por qué un ucase? (Escribíamos úkase hasta que se castellanizó el viejo nombrete de los decretos de los zares.) En tamaño tema poblado de técnicos, ¿por qué hay que obrar de apuro y a tientas?

Pues a la vista está: por omisiones anteriores, sometidas a obvia responsabilidad política de Ministra no ducha.

Pero si caímos en semejante desidia es porque el Uruguay hace muchos años se habituó a bajarse de las exigencias recias que la norma debe imponer al espíritu y a la voluntad.

El inc. 2º del art. 26 de la Constitución reza: "En ningún caso se permitirá que las cárceles sirvan para mortificar, y sí sólo para asegurar a los procesados y penados, persiguiendo su reeducación, la aptitud para el trabajo y la profilaxis del delito."

Esta sabia norma impone a todos los actores de la tragedia penal la obligación de cuidar el destino de los presos y el deber de impedir que otros violen la regla. ¡Pero en el Uruguay decayó el sentimiento de que las normas están para cumplirse! ¡Y eso acuna tierras de nadie y agujeros negros, donde cada uno se limita al mínimo de lo suyo y todos se desentienden del resultado!

En ese contexto, al final nadie se siente responsable de que la orden constitucional se haga trizas contra 8000 presos (!) ni de que en vez de hacer "profilaxis", tengamos en las cárceles -y las calles- escuelas-pocilgas para el delito.

Aclaremos. Este extravío no es solo nuestro. Por el mundo pululan teorías que, a pretexto de realismo, le degradan la imperatividad al Derecho. Ahí anda un tal Nieto, español -lo cita Atienza, felizmente sin compartirlo-, que escribió "ni las leyes ordenan la sociedad ni resuelven los conflictos sino que, a todo lo más, son directrices, puntos de referencia que el legislador pone en manos de los funcionarios y de los jueces, a sabiendas de que sólo muy parcialmente van a aplicarlas y que lo decisivo será siempre no la voluntad del legislador sino el criterio personal del operador".

Con esa tesis, arreglados estamos. ¡Las Constituciones y las leyes sin fuerza! ¡Bienaventurados los transgresores y legitimadas las ilegalidades!

Con ser grave, la cuestión carcelaria es, pues, apenas un síntoma más de un encogerse de hombros que viene debilitando el aguijón moral de cada persona, genera compartimientos estancos y desfibra al Derecho como mandamiento común.

Llegan de las Naciones Unidas a abochornarnos con lo que todos sabíamos, porque el Uruguay, como ciudadanía, cometió un error capital: frente a lo intolerable, callar y bajar la guardia.