Caso del vino envenenado: apuntan a interna militar

La investigación en torno al envío de botellas con vino envenenado a dirigentes nacionalistas en 1978 y que causó la muerte de Cecilia Fontana de Heber, esposa del ex legislador Mario Heber, avanza lentamente. El caso fue reabierto en 2006.

Ayer, la jueza penal Gabriela Merialdo y el fiscal Ricardo Perciballe tomaron declaración en calidad de testigo al ex presidente Luis Alberto Lacalle y al ex senador Carlos Julio Pereyra, quienes junto con Mario Heber recibieron las botellas en sus domicilios. También declaró el actual senador Luis Alberto Heber, hijo de matrimonio Heber - Fontana.

Fuentes del caso dijeron a El País que, en base a las pruebas reunidas hasta el momento y los testimonios recabados, todo apuntaría a que el atentado político fue el producto de un enfrentamiento entre dos facciones militares de la época, una encabezada por Gregorio Álvarez que buscada una posible salida al régimen y la otra encabezada por José Gavazzo que se oponía a esa posibilidad. Ambos oficiales, que se encuentran detenidos en la cárcel de Domingo Arenas tras haber sido procesados por delitos de lesa humanidad, comparecerán el viernes ante la jueza Merialdo.

De esa forma, pierde fuerza la hipótesis de que el atentado fue ideado y ejecutado por grupos nacionalistas de ultraderecha, dijeron las fuentes.

OPOSICIÓN. Al retirarse del juzgado, el ex presidente y actual precandidato Luis Alberto Lacalle, quien además era primo de Fontana, dijo que se trató de un atentado que buscó "destruir la oposición que el Partido Nacional realizaba a la dictadura militar". En declaraciones a varios medios de prensa, Lacalle recordó: "Tuve bomba de los tupamaros, fui secuestrado y encapuchado por los militares; tuve este atentado contra mi vida, así que conozco la violencia, y la conclusión a la que uno llega es que esto no debe pasar nunca más en nuestro país".

Por su parte, Pereyra dijo que "está claro" que el envío de las botellas de vino "fue obra de la dictadura". Además, cuestionó la investigación judicial de la época, que indagó al entorno de los dirigentes nacionalistas que recibieron las botellas, y por tanto dijo que la instrucción fue una "farsa".

Hoy comparecerán el juez de la época, Juan Carlos Larrieux, y el fiscal Martín Salaberry.

En tanto, el senador Heber coincidió con Pereyra en que el atentado pretendía "terminar la línea de diálogo que se suponía existía dentro de las Fuerzas Armadas. Fue un ataque contra el Partido Nacional, que peleaba contra la dictadura". También criticó la investigación anterior, y dijo que no está claro por qué se archivó.