Mesa de Entes no asegura paz laboral en el año electoral

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DIEGO FERREIRA

En medio de una tensa negociación con el Ministerio de Economía por el ajuste salarial de enero, los sindicatos de los entes afirman que pueden quebrar la paz sindical si el gobierno no cumple con los trabajadores de las empresas del Estado.

"A nosotros no nos importa que sea año electoral, nosotros vamos a hacer lo que tengamos que hacer y el gobierno reaccionará como le parezca. Pero el criterio de que sea año electoral y que el gobierno no quiera enfrentar problemas no es un criterio que acordamos, ni llevamos, ni nada por el estilo", enfatizó el coordinador de la Mesa de Entes, Óscar López.

Los gremios están discutiendo -desde fin de año- con el gobierno en torno al monto del adelanto que recibirán en abril, retroactivo a enero. La mesa aspira a que se les garantice a los obreros que no perderán salario aún cuando en enero, los funcionarios de los entes recibieron un ajuste de 6,5%, al que se le sumaría un ajuste adicional de hasta un 4%.

Los delegados sindicales plantearon que quienes reciban el máximo del ajuste sean aquellos funcionarios con salarios inferiores al valor de la canasta básica (unos $ 30.000).

López indicó que el acuerdo previo con el Ejecutivo asegura la no pérdida de salario y la recuperación de lo perdido tras la administración de Jorge Batlle. "Por debajo de eso no vamos a aceptar nada", remarcó.

Desde la visión sindical, la negociación no está "nada clara" y esperan que la situación se destrabe en la próxima reunión con Economía, prevista para el 10 de marzo.

De cara a esa entrevista, la Mesa sesionará este martes para definir la posición que presentará ante el Ejecutivo, así como posibles medidas.

En ese sentido, los gremios prevén eventualmente aplicar paros y otras medidas distorsivas, aunque para su instrumentación "no hay apuro", apuntó López.

Cofe. El gobierno también está sumergido en una álgida discusión salarial con los trabajadores de la Administración Pública, representados en la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE).

La organización sindical anunció a fines de la semana pasada que reactivará su plan de acción contra el gobierno si el ajuste no garantiza la recuperación salarial. En ese marco, COFE determinó que elevará una demanda contra el gobierno ante la Justicia y estudiará la posibilidad de aplicar medidas que incluyen la ocupación de los lugares de trabajo.

Tras la reunión del pasado viernes 20, los delegados sindicales y los representantes del gobierno coincidieron en que se había producido un "trancazo" en la negociación.

El punto de desencuentro es el cambio en la propuesta de ajuste adicional que efectuó el gobierno con pocos días de diferencia.

Primero, el Ministerio de Economía había sugerido un ajuste adicional (al 7,12% concedido originalmente) que iba de 0% a 4%, en función de los aumentos percibidos por los trabajadores a lo largo de esta administración. El planteo había recibido el visto bueno de COFE.

Luego, Economía varió la oferta argumentando que el relevamiento que determinaría el ajuste extra llevaría más tiempo del previsto. Así, sugirió un aumento del 2% al barrer, lo cual es considerado una rebaja salarial según los trabajadores.

"Nos parece una falta de respeto que el gobierno nos haga un planteo, que nosotros lo aceptamos y que ellos luego lo cambien", señaló días atrás Joselo López, dirigente de COFE.

El cortocircuito fue tal que las partes, si bien insisten en el diálogo, no pactaron una nueva entrevista.

El ministro de Trabajo, Eduardo Bonomi, se mostró cauto sobre la posibilidad de que los gremios públicos inicien una ola de conflictos para presionar al Estado por mejores aumentos salariales.

Bonomi dijo a El País que no quiere "echar más leña al fuego".

"Si toman medidas, veremos cuáles son. Si toman la medida de ir a la Justicia nosotros no tenemos nada que hacer, es la Justicia la que después va a resolver. Si toman la medida de ocupación, está planteado que no se puede ocupar las oficinas del Estado", explicó el jerarca.

En tanto, el negociador del Ministerio de Economía con los sindicatos públicos, Daniel Mesa, ha dicho que si COFE acude a la Justicia, "se cierra la posibilidad de negociar".

La estrategia del gobierno es evitar discutir salarios en el año electoral, algo que podría afectar sus opciones electorales. Fiel a esa premisa, el MTSS cerró la ronda salarial de los privados en noviembre.