La Suprema Corte de Justicia recibió ayer un escrito del Poder Legislativo, comunicando su posición favorable a la inconstitucionalidad de tres artículos de ley de Caducidad, en el caso de la militante comunista Nibia Sabalsagaray, fallecida en una unidad militar en 1974. En el mismo sentido ya lo había hecho el Poder Ejecutivo.
Ahora deberá expresar su posición el fiscal de Corte, Rafael Ubiría, quien tiene 20 días para hacerlo. Luego el expediente pasará a la sección de jurisprudencia de la Corte, que reunirá sentencias anteriores sobre la ley de Caducidad que sirvan de apoyo al trabajo de los ministros.
Posteriormente, pasará al estudio de los cinco ministros de la Corte, cada uno de ellos cuenta con un plazo de 20 días para expresar su posición a favor o en contra de la constitucionalidad de la ley y luego acordarán una sentencia.
Debido a los tiempos que insumirá este proceso, difícilmente el fallo de la Corporación judicial se conozca antes de las internas del 28 de junio próximo.
POSICIONES. La acción de inconstitucionalidad contra los artículos 1, 3 y 4 de la ley de Caducidad fue iniciada por la fiscal penal Mirtha Guianze, quien interviene en el expediente sobre la muerte de Sabalsagaray.
En junio de 2005, el presidente Tabaré Vázquez incluyó este caso en la ley de Caducidad, impidiendo de esa forma la investigación a militares y policías. Pero ante el planteo de la excepción de inconstitucionalidad, el Poder Ejecutivo se allanó a la posición de la fiscal Guianze.
El miércoles, contra la posición de la asesoría jurídica del Poder Legislativo, la Asamblea General se pronunció en el mismo sentido que el Ejecutivo. La decisión se tomó únicamente con los votos de los legisladores oficialistas.
En la votación sólo estuvieron presentes dos legisladores de la oposición, el colorado Daniel García Pintos y el independiente Iván Posada.
La bancada del Frente Amplio rechazó el planteo del diputado nacionalista José Carlos Cardoso de derogar la Ley de Caducidad y reivindicó la recolección de firmas para anular la norma en un plebiscito junto con la elección nacional de octubre.
Los promotores de la anulación llevan recolectadas 211 mil firmas, de las 250 mil necesarias para el plebiscito.