A. LÓPEZ REILLY
Los trabajos submarinos en el Graf Spee serán, probablemente, el último rescate privado que se autorice en las costas uruguayas. Se pondrá fin así a una triste historia de desatinos en materia de preservación del patrimonio cultural subacuático, que terminó de sellarse con el decreto 306-006, firmado hace tres años por el presidente Tabaré Vázquez. Con él, se suspendió indefinidamente la recepción de solicitudes de búsquedas y aquellas que estuvieran en lista de espera para adjudicación.
Este año, todo uruguayo que sueñe con rescates de naufragios y fabulosos tesoros, deberá despertar. Y el Estado podría verse envuelto, otra vez, en millonarias demandas de particulares que firmaron contratos y fueron afectados en sus intereses. Rubén Collado es uno que maneja esa posibilidad.
En los últimos 25 años de búsquedas submarinas, la Comisión de Patrimonio ha actuado como el perro del hortelano (ni come él, ni deja comer a los demás). No puede financiar expediciones ni mantener los objetos recuperados, pero tampoco deja que lo hagan otros particulares.
Esto ha dado lugar a situaciones tan curiosas como absurdas. Como el hallazgo de un buque histórico en Colonia del que se extrajeron valiosos elementos que, una vez filmados, hubo que devolver al mar por falta de un permiso de rescate.
La Comisión tampoco permitió que el águila del Graf Spee (hoy en un depósito), por la que se ofertaron US$ 20 millones, saliera del país. Sin embargo, en el pasado dijo que el barco no era "patrimonio histórico".
La mitad de ese monto (más impuestos) le correspondería al Estado. Algo más de diez millones. O visto de otra manera, algo más de diez liceos, o diez escuelas.