Cuantos más detalles se conocen sobre la organización del acto en el cual el Presidente de la República ofrecerá un análisis público sobre la gestión desarrollada por el Gobierno, más claro queda que se trata de un acto político, del cual debería abstenerse por expresa imposición constitucional. Desde los ómnibus que se encargarán del traslado de los simpatizantes, pasando por la entrega de bebidas a los asistentes, en donde el propio Frente Amplio se hará cargo de todos los gastos, el acto del 7 de marzo no puede disimular el carácter de acto político.
La tenacidad del Gobierno en llevarlo adelante, pese a las advertencias formuladas, pone de manifiesto, una vez más su falta de respeto por la Constitución y lo preocupado que debe estar por su futuro electoral, ante una oposición que crece.
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