Ley de caducidad: FA busca debate parlamentario sobre su legalidad

P. MELENDREZ / L. NICROSI / E. DELGADO

El Frente Amplio pretende que el Parlamento se pronuncie sobre la constitucionalidad de la ley de Caducidad. Si el Poder Legislativo se allana al igual que el Poder Ejecutivo, la SCJ deberá decidir si analiza la acción.

Tras el escrito firmado por el secretario de la Presidencia, Miguel Toma, en que el Poder Ejecutivo se allanó a la acción de inconstitucionalidad de la fiscal Mirtha Guianze contra los ar- tículos primero, tercero y cuarto de la ley de Caducidad, el Poder Legislativo comienza a definir la posición que tomará sobre este expediente.

La acción de Guianze fue presentada en octubre de 2008 en el marco de la causa que indaga la muerte de la militante comunista Nibia Sabalsagaray, ocurrida en 1974 en una unidad militar. Si la Suprema Corte de Justicia (SCJ) finalmente declara inconstitucional la ley de Caducidad, la decisión se aplicará únicamente a ese caso.

El lunes en la tarde, el vicepresidente Rodolfo Nin Novoa fue informado del ingreso al Poder Legislativo de este expediente, para que el Parlamento se pronuncie sobre la constitucionalidad de esa ley aprobada en 1986 y ratificada en un plebiscito en 1989.

En caso que el Parlamento decida, al igual que el Poder Ejecutivo aceptar los argumentos presentados por Guianze, la SCJ deberá decidir si continúa o no el proceso.

El presidente de la Corporación, Jorge Larrieux, explicó ayer a El País que si bien las posturas del Ejecutivo y el Legislativo "no son vinculantes" para adoptar la resolución, si la Asamblea General también se allana, se deberá evaluar si continúa, porque en ese caso no habría una oposición al recurso de la fiscal.

Larrieux indicó que, a su criterio, de todos modos la SCJ tendría que pronunciarse, pero reconoció que se trataría de "una situación atípica" que deberá ser analizada por los demás integrantes de la sala.

En el mismo sentido, el ministro Daniel Gutiérrez Proto, reconoció que si el Parlamento adopta la misma posición que el Poder Ejecutivo, se registrará una situación "compleja a nivel jurídico". "Allanamiento significa reconocer la veracidad de los hechos y ¿este es un tema de hechos o de derecho? Hay que analizar eso, no es automático; hay que estudiarlo", explicó.

POSICIÓN. El expediente está en la división jurídica del Poder Legislativo. Nin Novoa dijo a El País que el tema se resolverá en los próximos días.

Dirigentes y grupos políticos del Frente Amplio adelantaron su posición favorable a que los legisladores discutan y decidan la respuesta que darán a la SCJ sobre la constitucionalidad de la ley.

El senador tupamaro y precandidato del Frente Amplio José Mujica se manifestó partidario de que el tema se debata en el Parlamento, pero sin que ello signifique "presionar a la Corte". "En materia de derecho siempre hay dos o tres bibliotecas. Si yo me pongo a opinar hoy del grado de constitucionalidad o no que tiene la Ley de Caducidad, sería una imprudencia de mi parte. Es posible que esta ley afecte aspectos constitucionales", opinó. "Se discute tanta pavada (en el Parlamento) que esa puede ser una discusión pertinente", agregó.

En la misma línea se pronunció el senador comunista Eduardo Lorier. "No tengo dudas de que llegaremos a las firmas requeridas para anular la ley y es importante que el Parlamento participe y lo discuta para que la ciudadanía pueda profundizar su conocimiento", expresó.

En tanto, el diputado de la Vertiente Artiguista Eduardo Brenta, dijo que para ese sector no existen dudas respecto "a la inconstitucionalidad de la ley".

"Corresponde que el Parlamento se expida porque la ley viola una serie de artículos de la Constitución que afectan la igualdad de las personas. Que lo discuta no implica una intromisión en el Poder Judicial", subrayó. Señaló que su sector es partidario de llevar el tema a la bancada oficialista.

La senadora socialista Mónica Xavier informó que su partido analiza la posición que tomará, pero que ella es proclive a que el tema se trate en la Asamblea General porque debe existir un "posicionamiento político claro".

Por su parte, la diputada de Asamblea Uruguay Daniela Paysée dijo que su sector no tiene por el momento una posición definida.

CRÍTICA. El ex integrante de la Comisión para la Paz en representación de la administración de Jorge Batlle, Carlos Ramela expresó su visión contraria a que se declare la inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad, porque existen "múltiples fallos" de la SCJ que la consideran legal.

"Obviamente no comparto la decisión tomada y por el contrario comparto plenamente las decisiones anteriores que eran muy claras y muy contundentes. Lamentablemente el Poder Ejecutivo actúa más por razones políticas que jurídicas y de alguna manera dejando de lado una promesa que se hizo en su momento, de respetar la Ley de Caducidad", sostuvo Ramela.

El precandidato frenteamplista José Mujica dijo que si llega al gobierno, él sería partidario de "conmutarle la pe-na" a los militares y policías que aporten datos sobre el destinos de los desaparecidos, para llegar a la "verdad".

"Es mi filosofía personal. Me parece que lo que importa es la verdad. Quien tenga responsabilidad y lo asuma en un documento, vale la pena conmutarle la pena que le pueda corresponder. Porque a esta altura, tener presos de 70 u 80 años me parece que sirve para poco. Lo que me interesa saber es la verdad. Ahora, el que no asume que se joda", dijo Mujica a El País.

Al término del acto de oficialización del apoyo a su candidatura por parte del Partido Por la Victoria del Pueblo (PVP), Mujica opinó que si bien confía en que se logrará anular la ley de Caducidad a través de la consulta que se realizaría el mismo día de la elección nacional, eso no garantizará conocer el destino que tuvieron los desaparecidos durante la dictadura (1973-1985).

"Si la ciudadanía anula la ley los tendrán que juzgar (a los militares y policías retirados), pero como lo que interesa es saber la verdad y como no vamos a torturar jamás, partimos de la base que los que tienen la verdad son ellos", remarcó el líder del MPP.

"Es mi visión personal y semejante paso necesita una discusión parlamentaria", consideró. Explicó que su intención de conmutar las penas a quienes aporten datos, se fundamenta en los escasos resultados obtenidos pese a los procesamientos.

Pregunta

¿Qué opina de que el Poder Ejecutivo se allane a la posición de la fiscal Mirtha Guianze, por lo que considera inconstitucional la ley de Caducidad sancionada en 1986 y plebiscita en 1989?

Respuesta del ex vicepresidente

Parece que hay un interés especial en obtener una declaración de inconstitucionalidad de parte de la Suprema Corte. Si hay una acción de inconstitucionalidad, la Corte puede rechazarla cuando se dan ciertos extremos, lo que no se da casi nunca. La ley 16.320 en su artículo 384 ordena dar traslado al Poder Legislativo, que como autor de la ley es el que la tiene que defender y en el 100% de los casos sostiene que la ley impugnada es constitucional. El Poder Ejecutivo siempre contesta sosteniendo la constitucionalidad de la ley impugnada, en este caso por primera vez se allana. Dice que la ley es inconstitucional, pero además lo dice en un escrito de cuatro líneas donde no da ningún argumento. Pero si se allana el Poder Ejecutivo y se allana el Poder Legislativo, ¿el juicio puede proseguir? Todo esto es un absurdo, desde el punto de vista jurídico estamos en una situación anormal. Con esto han puesto en una situación incomoda a la Corte por razones que prefiero no calificar.

El recurso de inconstitucionalidad presentado por la fiscal Mirtha Guianze cuestiona el contenido de los artículos 1°, 3° y 4° de la Ley de Caducidad.

El primero de ellos, establece que el Estado no hará uso de la pretensión punitiva respecto de los delitos "cometidos hasta el 1º de marzo de 1985 por funcionarios militares y policiales, equiparados y asimilados por móviles políticos o en ocasión del cumplimiento de sus funciones y en ocasión de acciones ordenadas por los mandos que actuaron durante el período de facto".

El artículo 3° establece que los jueces que reciban denuncias por violaciones a los derechos humanos deben consultar al Poder Ejecutivo si el caso se encuentra amparado o no en la norma. Si la respuesta es afirmativa, el expediente deberá ser archivado y, si es negativa, el magistrado estará habilitado para iniciar la instrucción de la causa.

El artículo 4° prevé que los jueces que tengan investigaciones a su cargo deberán remitir al Poder Ejecutivo "testimonios de las denuncias presentadas hasta la fecha de promulgación de la presente ley referentes a actuaciones relativas a personas presuntamente detenidas en operaciones militares o policiales y desaparecidas así como de menores presuntamente secuestrados en similares condiciones".

Gonzalo Aguirre. Ex vicepresidente (1990-1995) y redactor de la ley de caducidad