De acuerdo a los resultados preliminares de una auditoria interna ordenada por la Junta Directiva del Casmu, no se detectaron irregularidades en el cuestionado pago de $ 1 millón por concepto de publicidad, lo que derivó, incluso, en la renuncia del vicepresidente de la institución, Enrique Soto.
La agrupación médica a la que pertenece Soto (Fosalba) sembró dudas y sospechas sobre la forma en que actuaron el gerente de la mutualista, Max Sapolinsky, y el tesorero Raúl Rodríguez en este caso. Se criticó que se haya ignorado la opinión de Soto de postergar el pago hasta una nueva reunión de la Junta y que se hayan mandado rehacer los cheques para el pago que el propio Soto había anulado.
Según el presidente de la mutualista, Gerardo Eguren, la auditoría no arrojó ningún hecho fuera de lo normal.
Eguren dijo que los asesores jurídicos de la Unión Gremial Médica (UGM) todavía evalúan la posibilidad de iniciar un juicio a Fosalba por difamación.