¿Marcha atrás?

Para evitar así un mal peor, cosas que otros no hicieron ni siquiera por la simple vía del pedido de informes.

¿Qué sucedió?

Las reiteradas expresiones del Ministro de Defensa Nacional manifestando que desconocía absolutamente la ubicación de los ciudadanos militares convocados a declarar por la Justicia, ratificadas la noche del martes cuando le termina preguntando a un periodista el teléfono de los mismos para ubicarlos, determinaron la necesidad de promover el mecanismo de censura parlamentaria.

No puede un Ministro, y mucho menos de Defensa, no saber, no contestar, no aclarar y eludir sistemáticamente respuestas a temas que aún hoy, y llevamos diecisiete años, son motivo de preocupación. Mucho menos cuando existía un rumor persistente que los mismos se encontraban en dependencias de esa Cartera.

Frente a esa coyuntura nuestra responsabilidad, y no solamente nuestra sino la de todo el sistema político institucional, es velar por la plena vigencia del Estado de Derecho, evitar bajo cualquier circunstancia el enfrentamiento entre los Poderes del Estado, y asegurar la plena independencia del Poder Judicial.

El Uruguay no puede retrotraerse a las mismas circunstancias a las que se vio enfrentado en 1986 cuando el Gral. Medina le transmitió a Wilson Ferreira Aldunate que las citaciones judiciales se encontraban depositadas en la caja fuerte de su despacho y de allí no iban a salir.

No puede, entre otras cosas, porque luego se aprobó una ley aportada con la generosidad y el sacrificio del líder nacionalista, ratificada por la ciudadanía en un referéndum, que se convirtió en el principal instrumento de pacificación que se le ha dado al país en su etapa "post" dictadura.

Los uruguayos no podemos seguir siendo víctimas ni rehenes, ni de la subversión que tanto daño desparramó, ni de la dictadura que tanto nos dolió. Para evitar ese sacrificio se aprobaron las leyes que se aprobaron.

Y aquella ley, de la misma manera que con claridad establece que caducó la acción punitiva del Estado para los hechos registrados en determinado período, no exime ni exonera de la responsabilidad de prestar testimonio ante Sede Judicial a ningún ciudadano.

Ese es en el fondo el tema con el que tengo la convicción podemos llegar a discrepar con el Poder Ejecutivo que, a mi juicio, interpreta la ley con una laxitud y amplitud que no se ajustan ni a su letra, ni a su espíritu.

Felizmente el Ministro cambió su actitud y realizó dos afirmaciones que nos devuelven la tranquilidad en el tema, si bien nos obligan a continuar en un seguimiento paso a paso de las próximas etapas.

Primero manifestó su disposición y la de su Secretaría de Estado, para el caso que mañana se diligenciaran nuevamente las citaciones, a actuar en consonancia a la legislación vigente a la par que aseguró, tema no menor, que ninguno de los citados se encontraba en sus dependencias dando por fin respuesta a una pregunta reiteradamente eludida.

Segundo, señaló la mejor disposición del Poder Ejecutivo de cumplir cabalmente con las disposiciones del artículo 4º de la ley, continuando de esa manera la tarea emprendida oportunamente por el Presidente a través de la Comisión para la Paz, aun para el caso que aparecieran nuevos elementos.

Las aguas vuelven a su cauce. Aun cuando podamos no compartir algunas actuaciones que se promueven desde la Sede Judicial, respetar su independencia es materia fundamental para nuestra convivencia, dejando en manos de la Suprema Corte de Justicia la responsabilidad y la garantía del normal funcionamiento de ese Poder del Estado.

Yo sé que no es fácil meterse en estos temas. Pero esquivando el bulto no solucionamos nada; con una mínima dosis de aquel coraje que tuvo Wilson para enfrentarlos, pretendemos nosotros hoy evitar confrontaciones que, luego de producidas, son mucho más difíciles de arreglar.