Legitimidad y representación

Continuamos con nuestras reflexiones acerca de este peculiar año que ya estamos viviendo, y en el cual tantas cosas importantes para nuestro país se resolverán.

En nuestra anterior entrega (El año 2009 (I): unidad y paz) abogábamos porque no fueran los enfrentamientos políticos y electorales motivo de que se pusiera en peligro la unidad entre los orientales y que los mismos no representaran una ruptura de la paz social.

Así debe ser, en la medida que pongamos en su verdadera perspectiva lo que se decidirá y por quienes será decidido. Vamos directamente al momento en que se elegirá el nuevo gobierno, dando por entendido que las elecciones internas de los partidos son sólo eso, la selección democrática de los candidatos y por lo tanto, todas las colectividades se alinearán sin mayor dificultad detrás de los preferidos.

El gobierno democrático se basa en la cesión de poder que hacemos los ciudadanos, mediante el voto, a favor de quienes deseamos que nos representen; a quienes serán investidos de la potestad de aprobar los actos regla, que serán de cumplimiento obligatorio por parte de todos. Ningún otro colectivo podrá ostentar similar poder social, solamente el parlamento y el Poder Ejecutivo.

Internarnos en ese plano de razonamiento es necesario en el momento histórico que vivimos, en el que en tantos lugares se pone en duda ese mecanismo de gobierno o se le pretende sustituir por la democracia directa.

Nunca está demás insistir acerca de este tema, sobre todo en las circunstancias políticas que vive y puede vivir nuestra patria. Se ha producido, a partir del 2004, la rotación en el poder de las tres fuerzas políticas que estaban, hasta ese momento, en condiciones numéricas de hacerlo. Con la naturalidad propia de un sistema sano, la democracia nacional ungió al Frente Amplio como gobierno, con una mayoría rotunda y sin dudas en cuanto al pronunciamiento popular. Fue una jornada de la que estamos orgullosos pero a la que no debemos considerar nada excepcional porque fue lo que correspondía que fuera.

Así será la siguiente, que podrá o no repetir el resultado, no es eso lo que nos ocupa, pero que no diferirá de ninguna de las anteriores en cuanto al basamento legítimo del poder que se obtendrá.

Muchos son los centros de poder que actúan en nuestra sociedad.

En ejercicio de la libertad de asociación los habitantes de la república coinciden según su voluntad y se congregan alrededor de diferentes intereses políticos, sociales, culturales, gremiales o sindicales. En grande o pequeño número, con amplitud o con severas restricciones, juntan fuerzas para operar como entes colectivos en el entramado social, en procura de diversos fines.

Son miles las personas jurídicas reconocidas por el ordenamiento jurídico y seguramente, muchas las que existen sin cumplir las necesarias formalidades. Algunas de ellas inciden fuertemente en la vida cotidiana, esgrimiendo una representación de importante desplazamiento. Así es con las representaciones sindicales y las gremiales, que son reconocidas como agentes principales por el propio ordenamiento jurídico, que en ciertas circunstancias los convoca como partícipes de la formación de la voluntad colectiva.

Pero toda esa fuerza, todo ese peso y esa influencia en los acontecimientos, es secundaria respecto de la fuerza de la ley o del decreto.

La autoridad democrática es suprema por su directa derivación del soberano y en la medida en que legítimamente se obtiene y legítimamente se ejerce, no admite claudicaciones ni omisiones en ese ejercicio.

La crisis de autoridad que sufre nuestro país, muy especialmente en materia del orden y de la seguridad pública, deriva de que los titulares de la misma no han asumido el deber pleno de su ejercicio. No es potestativo del jerarca el desempeño retaceado o disminuido de la autoridad que se le ha conferido, es más, la omisión de su completo ejercicio es una falta grave a los deberes asumidos.

Nuestro gobierno es de carácter representativo según lo indica el artículo 82 de la Constitución de la República. Sin perjuicio de los casos de ejercicio directo, que son el referéndum y la iniciativa popular, la elección -que es el momento supremo de la institucionalidad democrática- se agota en sí misma y pone en marcha el funcionamiento de los poderes representativos. Nadie puede sustituir ni igualar el poder legítimo del Ejecutivo o el Legislativo, en el ámbito de sus competencias. El concepto de representación llega a su más alta concepción y jerarquía en ese nivel institucional.

Las veces que en este gobierno se ha intentado, como en el proceso formativo de la ley de educación, el camino oblicuo, ha generado problemas a los propios iniciadores del mismo y ha dado como resultado un proyecto de norma que los mismos no aceptan.

La hora de la elección legitima el poder público y lo ubica en un lugar que nadie puede cuestionar. Su ejercicio durante un quinquenio no admite sustitución ni menoscabo, mas allá del también legítimo sistema de contralores y contrapesos.

En momentos en que nos acercamos a una nueva instancia de renovación de las autoridades, bueno es recordar y reafirmar estas bases de convivencia social, de solidez institucional y de orden social.