Caducidad: dudas sobre quién es la contraparte

El Poder Judicial no tiene una definición clara sobre a qué órgano estatal le corresponde asumir la contraparte en el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Caducidad, presentado el año pasado por la fiscal penal Mirtha Guianze en el marco de la investigación por la muerte de la militante comunista Nibia Sabalsagaray, ocurrida en 1974 mientras se encontraba detenida en una unidad militar.

La Suprema Corte de Justicia (SCJ) decidió dar vista de la acción impulsada por Guianze al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo. Mientras, la fiscal consideró que no es necesario que exista una contraparte en virtud de que el recurso es impulsado por la Fiscalía. A su vez, el fiscal de Corte, Rafael Ubiría, sostuvo que es el Poder Ejecutivo el que debe responder ante los argumentos presentados en la acción, porque es el órgano que decide cuáles son los casos de violaciones a los derechos humanos que son excluidos de la Ley de Caducidad.

"El proceso de inconstitucionalidad es contradictorio, y por tanto implica a dos partes, pero cuando es vía de acción hay que definir a quién puede afectar la acción, y en este caso pensamos que la contraparte son el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo", explicó a El País el presidente de la SCJ, Jorge Larrieux.

En el caso del Poder Ejecutivo, el presidente Tabaré Váz-quez en acuerdo con sus ministros deberá tomar una posición al respecto, mientras en relación al pronunciamiento que tendrá que emitir el Poder Legislativo, será el presidente de la Asamblea General, Rodolfo Nin Novoa, el encargado de comunicarlo al Poder Judicial, indicó Larrieux.

Incluso, podría ocurrir que en algunas de las consultas se indique por parte del Ejecutivo o Legislativo que no existe legitimación para emitir un pronunciamiento, agregó el presidente de la SCJ. Luego, el caso será remitido nuevamente al fiscal de Corte, quien deberá opinar acerca de la constitucionalidad de la Ley de Caducidad. Después, el expediente regresará a la SCJ para que los ministros emitan la sentencia. El proceso insumirá varios meses.

Por su parte, Guianze dijo que la decisión de establecer quién debe ser la contraparte en el proceso "se debió haber hecho el año pasado, cuando se presentó el recurso".

"Son decisiones que siempre debe tomar la Corte, pero está claro que este trámite enlentecerá sensiblemente el trámite de la acción", expresó la fiscal al ser consultada ayer por El País.

La indagatoria por la muerte de Sabalsagaray fue amparada por la Ley de Caducidad por el Poder Ejecutivo.

Eso determinó que el juez penal Rolando Vomero, quien instruye la indagatoria junto con la fiscal Guianze, solamente pudiera indagar a varios civiles. Si la SCJ resuelve que la norma es inconstitucional, esa decisión se aplicará únicamente a este caso concreto.