Reformulan dirección de minería por serias debilidades de control

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FABIÁN TISCORNIA

El gobierno está "preocupado" por las "serias debilidades" constatadas en los controles internos de la Dirección de Minería y Geología (Dinamige) y se apresta a realizar cambios en esa repartición del Ministerio de Industria, Energía y Minería.

El subsecretario de Industria, Gerardo Gadea, adelantó a El País que la idea es "avanzar" este año en algunos cambios y reestructurar oficinas de la Dinamige para "por lo menos eliminar las cosas más groseras".

Afirmó que "el gobierno está preocupado" por la Dinamige, luego que un informe de la Auditoría Interna de la Nación -recibido a comienzos de este año- constatara "serías debilidades en el control interno y falta de oposición de intereses".

Gadea explicó que en algunos casos "las inspecciones en las minas son muy previsibles".

También se detectaron situaciones que se prestan para que actúen "especuladores".

Aclaró que "no hay irregularidades ni corrupción constatada, pero sí debilidades muy importantes en el control que facilitan ese tipo de cosas".

"Los informes alertaron al gobierno para tomar acciones a este respecto. Para hacer un desarrollo industrial minero, hay que tener un buen instrumento y una Dinamige que funcione adecuadamente", agregó.

FALTA CONTROL. Gadea indicó que hay por lo menos cuatro áreas donde se debe actuar.

Por un lado está el pago del canon que realizan los titulares de explotaciones mineras al Estado. Estos hacen las liquidaciones entre julio y enero de forma provisoria (pagan un canon mínimo) y luego en febrero se hace una reliquidación de acuerdo a los verdaderos valores de producción.

Todo eso lo controla el Centro de Estadísticas y Recavación de la Actividad Minera -que es una oficina perteneciente a la Dinamige-, "donde se han encontrado debilidades muy importantes y es una de las oficinas a reestructurar", señaló.

Otra área para actuar es la relacionada con las servidumbres (permisos para explotar campos de otros). Si alguien prueba que en cierto lugar existe un yacimiento minero, le pide al dueño del campo la posibilidad de explotarlo y este no se puede negar, generándose la servidumbre de explotación.

"Todos ese proceso genera situaciones complejas, con trámites engorrosos, donde hay muchos cuellos de botella, donde no se sabe si realmente quien solicita explotar un campo es un inversor minero o simplemente un especulador. Se presta para la actuación de especuladores", afirmó Gadea.

Un tercer aspecto a atacar son los propios controles realizados con una "escasa infraestructura" y en algunos casos con "inspecciones a minas que son muy previsibles", agregó.

El último aspecto donde el gobierno ve necesidad de actuar es en las "cubicaciones" que permiten obtener una cifra promedio en los volúmenes extraídos de acuerdo al terreno de explotación. Se controla que la cantidad declarada en la planilla de producción se relacione con el terreno explotado.

"Ese control lo hace el empresario que paga al agrimensor. Allí hay falta de oposición de intereses, además de que muchas veces no se controla debidamente", indicó el jerarca.

Para mejorar algunas de estas falencias, las autoridades del Ministerio ya están trabajando en implementar algunos cambios. Una de ellas es "generar una declaración jurada de parte del minero -no como hoy que esos datos se registran en la propia Dinamige- de forma que tenga un poco más de responsabilidad por lo que declare", explicó Gadea.

También un registro -mediante una reinscripción- de los empresarios mineros, que se estiman en 300 y "generar una oposición de intereses en las cubicaciones, analizando que los agrimensores los contrate el Ministerio", agregó.

La Dinamige recauda unos US$ 8 millones anuales, lo que equivale a entre el 40% y el 50% de las partidas extrapresupuestales que recibe el Ministerio.