Asumieron jueces especializados para crimen organizado

Los jueces penales Graciela Gatti y Jorge Díaz asumieron los dos cargos de magistrados especializados en Crimen Organizado y Lavado de Activos, creados en la última Rendición de Cuentas.

Para el pro – secretario de la República, Jorge Vázquez, este paso "es la culminación de una larga trayectoria de trabajo entre la Junta Nacional de Drogas y el Poder Judicial".

Según el jerarca los juzgados especializados van a permitir "centralizar todos aquellos delitos que son muy complejos y que hoy en día están distribuidos en varios juzgados en todo el país". Esto permitirá a su vez "tener mayor información, trabajar más a fondo los temas, que son muy complejos, y que tienen información a nivel nacional y a nivel internacional".

Para Vázquez "no hay duda" de que el crimen organizado está instalado en el país, y cree que es bueno asumir que así es. "Hay que tomar las medidas precautorias necesarias para cortarlo a tiempo antes de que esto tome un volumen que no se pueda controlar", expresó.

LOS JUECES. Gatti, quien se desempeña en el Juzgado Penal de 7° Turno, y Díaz, titular de la sede de 4° Turno, se habían postulado el mes pasado en un llamado que realizó la SCJ para cubrir estos cargos, que estarán vigentes desde el 1° de enero próximo, según lo dispuso la ley de Rendición de Cuentas. Los otros jueces que se habían presentado para ocupar esos cargos fueron: el juez penal Juan Carlos Fernández Lecchini y los ex magistrados Gustavo Mirabal, Pablo Eguren y Washington Balliva.

Las nuevas sedes judiciales, que contarán con jurisdicción nacional, tendrán a su cargo los casos de crimen organizado, lavado de activos y algunos delitos económicos como quiebras fraudulentas.

Tanto Gatti como Díaz, además de recibir capacitación en el combate de esos ilícitos, han tramitado importantes investigaciones.

Gatti, por ejemplo, procesó por "insolvencia societaria fraudulenta" al ex banquero Juan Peirano Basso, quien fue extraditado en septiembre desde Estados Unidos por su responsabilidad en el vaciamiento del Banco Montevideo tras una maniobra de más de US$ 800 millones y que causó perjuicios a miles de ahorristas.

Díaz, en tanto, encabezó varios operativos contra el tráfico ilegal de drogas, como por ejemplo las operaciones "Cancerbero I" y "Cancerbero II", que derivaron en los procesamientos con prisión de más de 20 personas vinculadas con organizaciones internacionales de narcotraficantes.

Los juzgados comenzarán a funcionar en febrero, tras la Feria Judicial. Incluso, todavía no está definido el edificio donde se instalarán las sedes, aunque posiblemente sean ubicadas en una casona en la zona de 19 de Abril y Agraciada, próximo a la Brigada Antidrogas situada en el Prado, explicó Ruibal Pino.

En el mismo edificio está previsto que funcionen las dos fiscalías especializadas en la materia, las cuales serán ocupadas por los actuales fiscales penales Mónica Ferrero y Ricardo Perciballe, según la propuesta que elevó el fiscal de Corte, Rafael Ubiría, al Ministerio de Educación y Cultura.

Ferrero participó junto con Díaz en las investigaciones de las operaciones "Cancerbero I" y "Cancerbero II". Perciballe, por su parte, quien desde hace algunos meses se desempeña como fiscal en Montevideo tras prestar funciones durante varios años en el departamento de Rocha, participó en diversos cursos sobre lavado de activos y delitos económicos.

La creación de los juzgados especializados en crimen organizado que estarán a cargo de Gatti y Díaz se enmarca en una política general de lucha contra ilícitos vinculados a las drogas y el terrorismo impulsada por el Poder Ejecutivo a través de la Secretaría Nacional Antilavado de Activos.

En ese contexto, el viernes 19 se presentó ante el Parlamento un proyecto de ley que modifica y actualiza algunos aspectos de la legislación vigente desde 2005.

Por ejemplo, la iniciativa, que fue redactada por un equipo de especialistas entre los cuales se encuentra Díaz, propone la ampliación de la nómina de delitos precedentes al lavado de dinero. El proyecto también plantea una serie de innovaciones en cuanto a las técnicas de investigación, ya que prevé la creación de un programa de protección de testigos y colaboradores.

Además, establece la obligatoriedad de escribanos, rematadores y explotadores de zonas francas de denunciar todas las operaciones sospechosas ante el Banco Central del Uruguay.