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El oficialismo confía en tener los votos para aprobar su idea
BUENOS AIRES | AFP
El Senado argentino, con mayoría oficialista, debate hoy una ley, ya aprobada en Diputados, que elimina los debilitados fondos de pensión nacidos de las privatizaciones de la década del 90, las AFJP, y crea un sistema único jubilatorio del Estado, en medio de la crisis financiera global.
El gobierno de la presidenta Cristina Fernández confía en obtener en la Cámara alta los votos necesarios para lograr la sanción de la ley, que transfe-rirá a la órbita estatal unos 26.000 millones de dólares de los fondos de capitalización.
No obstante, la gran mayoría de los fondos están en devaluados bonos soberanos, acciones de empresas impactadas por la crisis y depósitos a largo plazo.
El gobierno lanzó la drástica medida en octubre en reacción a las pérdidas sufridas por las diez compañías del sector, a raíz del derrumbe de los bonos y acciones por la crisis financiera mundial.
Los fondos de pensiones privadas perdieron entre octubre de 2007 e igual mes de 2008 17,46% de su capital y unos 27.000 millones de pesos (8.132 millones de dólares), afirmó Amado Boudou, director del ente estatal administrador de pensiones, al defender el proyecto de ley ante el Senado.
Boudou atribuyó la pérdida a la crisis de mercados a nivel mundial, iniciada con el colapso de las hipotecas de baja calidad en Estados Unidos.
Los opositores al gobierno de Fernández, en cambio, consideran la reforma una confiscación para manejar fondos con destino al pago de la deuda pública.
Pero el gobierno aseguró que tiene cubiertas las necesidades de financiamiento para 2009, que alcanzan unos 11.800 millones de dólares sobre un total de 20.000 millones en vencimientos el año próximo. Los fondos de pensión cuentan en Argentina con 9,5 millones de trabajadores anotados, pero sólo 3,6 millones son contribuyentes efectivos.
El proyecto dividió al país, con mayoría de opiniones en favor de la jubilación estatal, según las encuestas, pero causó estragos en los mercados, además de impactar negativamente en octubre en las acciones de empresas españolas de la Bolsa de Madrid con intereses en Argentina.
En tanto, el juez Thomas Griesa, de Nueva York, decidió congelar los activos de las administradoras de pensión en Estados Unidos, a raíz de un pedido de los llamados "fondos buitres" (fondos especulativos) que litigan contra Argentina por poseer títulos de una deuda soberana en mora.
La reforma profundiza un camino de fortalecimiento del Estado como regulador y administrador, luego de la política aplicada por el ex presidente Néstor Kirchner (2003-2007), quien recuperó el Correo, la compañía de Aguas, ramales ferroviarios y el control radioeléctrico. La política kirchnerista apunta en dirección opuesta al modelo de privatizaciones que colapsó con una crisis brutal en 2002, que había instalado en Argentina el gobierno del ex presidente Carlos Menem.
El español Grupo Marsans aseguró ayer que el Estado argentino incumplió el acuerdo firmado por la venta de Aerolíneas Argentinas y su controlada Austral y no descartó recurrir a un tribunal internacional si prospera la expropiación de las compañías. Según Marsans, las partes se habían comprometido a fijar un precio de venta. Pero el martes, una comisión bicameral del Congreso recomendó expropiar los activos "tangibles e intangibles`` de las dos aerolíneas.
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