Colombia: estado de emergencia por fraude

Bogotá | El gobierno de Colombia decretó ayer el "estado de emergencia" debido a la crisis por la masiva estafa de personas que invirtieron sus ahorros en las denominadas "pirámides financieras", empresas ilegales captadoras de dinero.

La crisis estalló el miércoles pasado. Ese día, versiones de prensa anunciaron que el titular de una de esas empresas, Proyecciones Directo Rápido Fácil y Efectivo (DRFE), había escapado del país sin pagarle a sus clientes, que sumaban seis millones de afiliados. Ese día, miles de desesperados ahorristas se abalanzaron sobre las sedes de la compañía en medio de incidentes y saqueos en el Sur del país.

El anuncio generó un efecto cascada en todas las "pirámides". Según el gobierno colombiano, en el país operan unas 200 empresas de este tipo, que ofrecen rentabilidad a sus afiliados de entre 70% y 300% de ganancias al mes, mediante un esquema fraudulento que -se sospecha- no estaría ajeno al narcotráfico.

El cierre de estas empresas generó una serie de disturbios que causó tres muertos, de los cuales uno de ellos se suicidó tras haberle dejado los ahorros de toda una vida a una de estas "pirámides".

Según anunció el ministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga, a los afectados con las pirámides les será "devuelto máximo el capital aportado`` inicialmente, sin reconocer ningún interés. La devolución del dinero será inversamente proporcional a la cantidad invertida, es decir, quienes más invirtieron tendrán menos posibilidad de recuperar su capital.

De acuerdo con la BBC, las operaciones de estas firmas involucraban más de US$ 200 millones.

Según informó el ministro del Interior, Fabio Valencia Cossio, el estado de emergencia se tomó "en razón de la grave alteración social que ha originado la proliferación de distintas modalidades no autorizadas por la ley de recaudo masivo de dineros del público". Esta medida, que rige por 30 días y es prorrogable por otros tantos, permitió emitir cuatro decretos. Entre ellos, uno que aumenta las penas de 6 a 20 años para el delito de recaudación masiva de dineros. AP, AFP y Ansa