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MALDONADO | MARCELO GALLARDO

La intendencia de Maldonado concedió por siete años los servicios de recolección de residuos sólidos urbanos a un consorcio en el que tiene acciones mayoritarias el multimillonario argentino Franco Macri. Es un negocio de U$S 60 millones.

La decisión fue tomada el viernes pasado por la administración frenteamplista de Óscar de los Santos. El Consorcio Qualix Ecotecno Maldonado -integrado por las empresas Qualix Servicios Ambientales Ltda., Partry S.A. y Gestión Ambiente S.A.- opera desde Brasil y forma parte del grupo de Franco Macri (el padre de Mauricio, gobernador de Buenos Aires).

Este consorcio presentó una oferta de $ 1.019.900.408 (alrededor de U$S 53 millones) para hacerse cargo de los servicios de recolección de residuos sólidos y su traslado hasta su disposición final.

Además, la firma presentó una oferta de U$S 1.257.819 para adquirir el equipo necesario para los servicios en la zona testigo, la ciudad de San Carlos, que serán efectuados por personal municipal. La oferta también incluyó la cotización de $ 3.568 por cada contenedor, que será usado para la recolección de residuos comerciales.

recurso. La administración rechazó la impugnación presentada por la única competidora en esta licitación, la firma Ramón G. Álvarez, que sostuvo que su propuesta fue la única que se ajustó al pliego que reguló el proceso licitatorio.

La decisión del intendente ha estado precedida de fuertes cuestionamientos tanto desde la propia coalición de izquierda como de la oposición.

Ramón G. Álvarez S.A., actual prestataria del servicio, presentó una oferta de $ 1.050.672.000 (alrededor de U$S 55 millones) por los siete años de plazo: $ 10.252.464 más IVA mensuales. La firma presentó una oferta de U$S 675.077 para comprar equipamiento para la zona testigo. La empresa Qualix S.A. asegura que su oferta es 10% más barata que la de su competidora. En cambio, Ramón G. Álvarez S.A. sostiene que su propuesta es 0,5% más barata que la otra. En algunos días el Tribunal de Cuentas deberá expedirse sobre la legalidad del procedimiento de acuerdo a las normas de contratación vigentes a nivel del Estado.

PUJA. La empresa derrotada ha adelantado que piensa promover una acción de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. De lograr la nulidad del contrato, la firma radicará una demanda multimillonaria contra la administración municipal. "Vamos a pelear este contrato hasta las últimas consecuencias", dijo a El País William Rodríguez, asesor legal de Ramón Álvarez.

El costo de los servicios, según coincidieron los ofertantes, es de U$S 90 la tonelada, un 50% por encima de los valores actuales. Empero, la directora de Higiene Mary Araújo destacó que el proceso de adjudicación permitirá a la comunidad contar con mejores servicios que los actuales.

Las otras dos firmas que postularon son Teyma S.A. y Badiway S.A., presentaron recursos de reposición contra el pliego de condiciones.