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Según el gobierno, la falta de información y la intermediación lucrativa impiden habilitar el cambio de mutualistas La prórroga le viene bien a las instituciones en problemas
FEDERICO CASTILLO
Por tercera vez, el gobierno resolvió prorrogar, esta vez hasta febrero de 2009, la apertura del corralito mutual. A nivel oficial se manejaron dos argumentos: el peso de la intermediación lucrativa y la falta de información al usuario.
La nueva prórroga le viene como anillo al dedo a las mutualistas con dificultades económicas que están reclamando al gobierno un fideicomiso para salir de la crisis. (ver nota aparte en esta página).
La reforma sanitaria se inició en enero de este año con la promesa que en julio se habilitaría a los usuarios con cobertura de la seguridad social la posibilidad de pasar libremente de una mutualista a otra. Luego se anunció que octubre era la nueva fecha estimada para concretar la apertura del corralito mutual, y ahora se resolvió prorrogar todo para el año que viene, en principio febrero.
Según el director de Secretaría del Ministerio de Salud Pública (MSP), Daniel Olesker, la prórroga la solicitaron algunas de las instituciones el martes pasado en el Consejo Consultivo. Allí, dijo Olesker, se recibió la "inquietud" de las empresas e incluso de trabajadores, quienes consideraron que la apertura del corralito "tendría que estar alineada con una operativa fuerte sobre la intermediación lucrativa".
"Entendimos que era un argumento de recibo", agregó.
En consecuencia, se resolvió crear una comisión con representantes del MSP, del Banco de Previsión Social (BPS) y de los usuarios y trabajadores de la salud, que tendrá el objetivo de definir el proceso adecuado para garantizar la transparencia del mecanismo de apertura y propiciar las mejores condiciones para efectivizarla.
La principal línea de acción de este grupo de trabajo -que se instalará la próxima semana- será la de encontrar mecanismos que permitan frenar la intermediación lucrativa, que es la manera con que se denomina al traspaso de socios de una mutualista a otra mediante un incentivo económico al afiliado. Esta práctica es ilegal y su abuso motivó que se decretara, durante el gobierno de Jorge Batlle (2000-2005) el corralito mutual.
Información. Otra cuestión, que fue manejada por la propia ministra María Julia Muñoz, al momento de argumentar la nueva fecha de apertura del corralito, fue la información que actualmente el usuario tiene sobre cada una de las mutualistas.
"Encontramos que ahora hay pocos elementos para una elección consciente", aseguró Muñoz a radio Carve. Agregó que el proceso de informar sobre las prestaciones, tiempos de espera y tasas moderadoras de cada institución "lleva mucho trabajo". También dijo que el hecho de habilitar el traspaso de socios de las mutualistas en febrero se explica porque es un mes "epidemiológicamente bajo" con la "perspectiva de poco trabajo para las instituciones en términos de enfermedad".
Reacciones. La decisión del gobierno fue vista de diferentes maneras según los distintos actores sanitarios. Para Antonio Durán, presidente del Plenario de Mutualistas, esto provoca una "nueva incertidumbre" en las instituciones, lo cuál, consideró, no es nada positivo. Agregó que la situación no genera "certezas", pero sí "inestabilidad en, por ejemplo, una cantidad de cargos que tenemos en espera. Queremos saber con cuántos socios vamos a contar realmente después de la apertura para generar nuevas policlínicas, para aumentar o no la infraestructura", indicó Durán.
En tanto, desde el Movimiento de los Usuarios de la Salud Pública y Privada se consideró que el seguir postergando la apertura del corralito mutual atenta contra la libertad de opción del afiliado. El presidente de este movimiento, Nelson Sena, dijo que si bien entiende que el hecho puede generar conflictos administrativos, es positivo para el usuario que se habilite cuanto antes. "Es un tema muy caro para nosotros", precisó y señaló que el tema será analizado a fondo la próxima semana en asamblea.
Por su parte, el presidente del Casmu, Enrique Soto, coincidió con el gobierno en que debe haber una "apertura programada, con parámetros para que le gente pueda seleccionar y no por propagandas o intereses comerciales. Hay que reglamentar, no hacer una apertura a lo loco", sostuvo.
El presidente del Sindicato Médico del Uruguay (SMU), Alfredo Toledo, también opinó que la apertura debe hacerse "en beneficio de los pacientes y no en base a intereses comerciales".
Corralito desde el año 2002
En el año 2000, a poco de asumir su mandato, el presidente Jorge Batlle decretó el corralito mutual como forma de frenar el creciente problema de la intermediación lucrativa, es decir, para contener el continuo traspaso de socios de una mutualista a otra a cambio de dinero a los propios afiliados. La norma prohibió la movilidad de los beneficiarios de la seguridad social, y desde ese entonces no se habilitó nuevamente la posibilidad de cambiar de institución a quienes tienen cobertura a través del Banco de Previsión Social (BPS). Con la entrada en vigencia del nuevo Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) se contempló la posibilidad de abrir el corralito, algo que fue ratificado en la ley de los derechos de usuarios y pacientes, recientemente aprobada por el Poder Legislativo.
Un mes para cambiar y tres años de permanencia obligada
La idea que maneja el Ministerio de Salud Pública (MSP) ante la apertura del corralito mutual en febrero es que el usuario disponga de un mes para hacer uso de la posibilidad de migrar de mutualista.
Este plazo fue manejado ayer por el director de Secretaría del MSP, Daniel Olesker, quien aclaró que esta cuestión también deberá ser definida en base a los criterios de la comisión que se pondrá a trabajar para reglamentar el fin del corralito mutual.
Una vez efectivizada la opción, el usuario deberá permanecer en la institución elegida por un plazo de tres años. Con esto se busca eliminar el efecto de puerta vaivén que puede generar el trasiego de usuarios de una institución a otra y que atenta contra la economía de las empresas.
"Es muy importante la estabilidad de las personas en las instituciones, más allá del hecho de que las mutualistas invierten y necesitan cierta seguridad, sino por el propio seguimiento clínico y asistencial del paciente", concluyó.
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