Procesan a un ex espía, un policía y una gestora

A instancias de la fiscal penal Mónica Ferrero, la jueza Graciela Gatti dispuso ayer el procesamiento sin prisión de tres personas vinculadas con una maniobra de falsificación de documentos migratorios que, a su vez, tiene punto de contactos con una causa que indaga un presunto tráfico de ciudadanos indios que ingresaron a Uruguay en forma ilegal.

Entre los enjuiciados por el delito de "cohecho" y "utilización indebida de información privilegiada" se encuentra Iván Velázquez, un ex agente de Inteligencia de Argentina junto con un funcionario de Migraciones y una gestora, quienes cobraban importantes sumas en dólares por agilizar los trámites en ese dependencia estatal

El ciudadano argentino, por su parte, quien a principios de este año pidió asilo político en Uruguay debido a que es acusado de investigar a políticos y personalidades públicas, se contactó con el funcionario de Migraciones a quien le solicitó información confidencial, por ejemplo, de un juez argentino. Esta confusa red tiene vínculos con una organización que, mediante la entrega de visas irregulares en el consulado uruguayo de Nueva Delhi, capital de la India, favoreció el tráfico de ciudadanos de ese país que desde Montevideo eran llevados en forma clandestina a Estados Unidos o Europa. Por ese hecho, meses atrás la jueza Gatti y la fiscal Ferrero procesaron con prisión a dos personas: un ciudadano indio y su esposa, una mujer brasileña.

Según fuentes de la investigación, tras la Feria Judicial de enero se retomará la instrucción del caso y no se descarta que se registren nuevos procesamientos.

El argentino que fue procesado fue noticia a principios de este año, cuando, junto a un colega -ambos ex miembros de la SIDE, Secretaría de Inteligencia del Estado- solicitó asilo político en Uruguay, que no le fue concedido. Una nota del diario Perfil los presentó entonces como "especialistas en contraterrorismo y creadores de un software de un millón de dólares que sirve para infiltrarse en correos electrónicos". Se los acusaba de promover cacerolazos vía mail y de "hackear" al titular de la Corte Suprema.