Del derecho a las salas de espera

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XIMENA AGUIAR

Normas, guías y protocolos editados en los últimos años promueven derechos de la mujer en el sector salud, pero un estudio entre usuarias y profesionales revela obstáculos y resistencias en su implementación.

Hace dos años, el MSP envió un comunicado al cuerpo médico recordando la vigencia de un decreto de 1992, en el que se especifica que, para realizar una esterilización, basta el consentimiento informado de la persona solicitante, mayor de 21 años. Sin embargo, 35% de los profesionales consultados por la asociación civil Mujer y Salud en Uruguay (MYSU) dijo no realizar la operación de ligadura de trompas si la pareja no da su consentimiento, y 31% si la mujer es menor a 30 años.

Al preguntar a mujeres usuarias de los servicios de salud, se encontró que la demanda de esta técnica es mayor en el sistema público de Montevideo, donde llegó al 20% de las consultadas. Sin embargo, de las mujeres que la solicitaron, sólo la mitad dijo que accedió efectivamente al procedimiento.

Las explicaciones de los directores de instituciones sobre los obstáculos para realizar la operación refieren a posibles implicancias legales, limitaciones de recursos (falta de anestesistas) y libertad de opción del profesional. Pero, según el estudio, la situación también muestra la resistencia a adoptar el paradigma de los derechos sexuales y reproductivos.

Ésta es una de las carencias detectadas por el informe 2008 del observatorio de MYSU, con apoyo del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA), que consultó a 1.325 usuarias y 211 profesionales de los servicios de ginecología y obstetricia y 19 autoridades de centros públicos y privados de Montevideo, San José, Canelones, Maldonado y Artigas. La encuesta no es representativa de toda la población uruguaya, pero detecta carencias y avances en la implementación de las normas.

Anticoncepción. "No hay en el país normativa vigente que regule la disponibilidad de anticonceptivos en el sistema de salud", aunque desde hace varios años se ofrecen métodos anticonceptivos gratuitos en los servicios públicos, señala el informe. En los centros privados, la disponibilidad de anticonceptivos depende de cada institución, y la mayoría no los ofrece a sus afiliados, añade.

Entre las mujeres consultadas, 60% dijo usar métodos anticonceptivos: pastillas (52,6%), preservativos (29,4%) o DIU (14,8%). Casi la mitad de ellas lo eligió en consulta médica, siendo este porcentaje mayor en el subsistema público del interior (61.5%) que en el sector privado de Montevideo (37%).

Entre la información recabada entre las usuarias y entre los profesionales, hay algunas diferencias importantes. Al preguntar a las mujeres si habían recibido información sobre el anticonceptivo de emergencia en la consulta ginecológica, sólo 3 de cada 10 contestaron afirmativamente. Sin embargo, entre los profesionales, 8 de cada 10 dijo que habitualmente informa sobre esa posibilidad.

En el acceso a colocación del DIU se encontraron barreras, sobre todo en el subsector privado. Un quinto de las encuestadas dijo haber pedido alguna vez la colocación del DIU. En el sector público del interior, lo solicitaron 25% de las consultadas y lo obtuvieron 75% de ellas. En el sector privado de Montevideo, la demanda fue menor (lo solicitó un 4,4%) y lo obtuvieron sólo 20% de las solicitantes. Un tiempo de consulta escaso y que la colocación no se pague como acto médico fueron algunos de los obstáculos que mencionaron los profesionales para hacerlo.

La oferta de DIU provistos por el Ministerio de Salud Pública (MSP) para su colocación gratuita entre enero y agosto no fue aceptada por varios centros privados, argumentando que eran dispositivos de baja calidad, señala el estudio.

Avances y resistencias. En la atención durante el embarazo y el parto es donde el estudio encontró los principales avances. En casi todos los centros relevados se llevan adelante propuestas de educación y orientación para la mujer embarazada y su pareja. En todos los casos integran el equipo ginecólogos o parteras, y en muchos hay además asistentes sociales, psicólogos o sexólogos.

También se encontró un alto porcentaje de aplicación de test de detección de sífilis y de promoción de la lactancia, y un aumento de la recomendación de ácido fólico en las primeras semanas del embarazo.

Además, en el parto, se registró una muy baja frecuencia de prácticas como rasurado y enema, no recomendadas y muy usadas en el pasado.

Sin embargo, se detectó que, entre las mujeres en etapa de postparto, 20.7% del sector público y 44.7% del sector privado habían tenido que pasar por cesárea, cuando según la Organización Mundial de la Salud (OMS) la frecuencia esperable de cesáreas es un 15%.

Además, aproximadamente la mitad dijo no haber estado acompañada durante el parto.

Por otro lado, en áreas delicadas como los embarazos no deseados y situaciones de violencia doméstica, es donde se encontraron más dificultades para implementar cambios previstos en las normativas.

Un 75,6% de los profesionales encuestados manifestó haber recibido consultas de mujeres con embarazos no deseados e intención de abortar. De ellos, sólo un tercio refirió asesorar sobre los diversos métodos y sus riesgos (la mayoría las deriva a la consulta del hospital Pereira Rossell) y sólo 45% estimuló a la mujer a acudir a una consulta médica post aborto, en caso de decidir realizarlo. Además, 40% de los profesionales refirió no haber recibido entrenamiento para tratar este tipo de casos, porcentaje que aumenta en el sector privado y en centros del interior del país.

Por decreto, en 2006, se estableció que todos los centros de salud deben incluir en las historias clínicas de las mujeres mayores de 15 años un cuestionario sobre violencia doméstica. Sin embargo, 7 de cada 10 profesionales dijo no haber aplicado el formulario, y sólo 23,8% de las mujeres consultadas dijo que le habían realizado preguntas sobre el tema.

Los motivos expresados por los profesionales fueron la falta de disponibilidad de formularios (mencionada por 49.5%), el desconocimiento de su existencia (38.6%), que el tiempo de la consulta es escaso (35.3%), que no hay política institucional al respecto (31.9%) o que no se siente capacitado para implementarlo (15.8%).

En las entrevistas a autoridades de los centros se profundizó en este tema. Entre las dificultades para su implementación se mencionó la necesidad de establecer un vínculo de confianza, que no siempre se logra en la consulta, la percepción de que hay pocas respuestas para ofrecerle a la mujer que está en esa situación y la posición delicada para el profesional, que ve limitada la posibilidad de pedir otras intervenciones debido al secreto médico.

75,6% Es el porcentaje de los profesionales encuestados que dijo haber recibido consultas sobre aborto. Un 40% dijo no estar capacitado.

44,7% Es el porcentaje de mujeres encuestadas durante el postparto que habían pasado por una cesárea, en el sector privado.

Un promedio de 16 días tuvieron que esperar las usuarias para obtener hora para la consulta de ginecología, según el relevamiento realizado por Mujer y Salud en Uruguay (MYSU). En el subsector público, donde no es posible la elección del profesional, el promedio de espera fue de 13 días, mientras que en el privado, donde se puede elegir al profesional, el promedio de espera fue de 21 días.

Para ingresar a la consulta, el tiempo de espera promedio fue de 55 minutos, y la duración de la consulta en promedio fue de 15 minutos, según lo referido por las usuarias encuestadas.

Se preguntó sobre las condiciones de privacidad en la consulta. Un 84% de las encuestadas del sector privado dijo que "nunca" entra gente durante la consulta, porcentaje que bajó a 65% en el sector público. Además, 20% de las usuarias de centros privados dijo que no había en la consulta un lugar aparte para desvestirse, porcentaje que llegó a 41% en el sector público.

Respecto a las actitudes del médico, 72% dijo que "siempre" se la escucha con atención, y 87,7% que "siempre" se la trata con respeto. El 76,5% de las usuarias encuestadas refirieron estar satisfechas o muy satisfechas con el servicio. En esta respuesta, no se detectaron diferencias relevantes por sector ni por región.

VIH Es obligatorio ofrecer a las embarazadas el análisis de detección de VIH en el primer control obstétrico, según lo establece el decreto Nº 295, de 1997.

CONTROLES Se exonera de los copagos (tiques) para los estudios básicos recomendados para un adecuado control de un embarazo de bajo riesgo, por el decreto Nº 562, de 2005.

PARTO Toda mujer tiene derecho a estar acompañada, durante el trabajo de parto y el parto, de una persona de su confianza o, en su defecto, de una entrenada para darle apoyo emocional, según la Ley 17.386, de 2001.

CONSULTA POR ABORTO Se aprobaron a nivel nacional las medidas de protección materna frente al aborto provocado en condiciones de riesgo (para consultas previas y posteriores a la realización de un aborto), por la ordenanza Nº 369 del Ministerio de Salud Pública (MSP), de 2004.

ESTERILIZACIÓN Para la realización de una operación de esterilización se debe solicitar el consentimiento informado y firmado exclusivamente por la persona (mujer o varón) que solicita el procedimiento (ligadura de trompas o vasectomía), recordó un comunicado del MSP al cuerpo médico en 2006, amparado en el decreto 258 de 1992.

VIOLENCIA DOMÉSTICA La atención en salud debe indagar sobre la existencia de violencia doméstica entre sus pacientes, por el decreto 494, de 2006.

DETECCIÓN DE CÁNCER Se exoneran de copagos (tiques) los estudios de Papanicolau (colpocitología oncológica) y mamografía, por la ordenanza Nº 402, de 2006. Además, las trabajadoras de la actividad pública y privada tienen derecho a un día al año de licencia especial con goce de sueldo para realizarse estos exámenes, por la ley 17.242 del 2000.