¿Ley de Educación o de reparto?

Gustavo Penadés

En los próximos días el Senado de la República se abocará al tratamiento del proyecto de ley de Educación. Hemos estado releyendo algunos documentos elaborados a lo largo de estos últimos años y que, de alguna manera, sirven de justificación -en parte por lo menos- a dicho proyecto de ley. Uno de ellos es la publicación "Informe Final" editado por la Comisión Organizadora del Debate Educativo, en el que se recopila el material de las asambleas territoriales y sectoriales que se celebraron, así como la documentación atinente al Congreso Nacional de Educación.

Una de las conclusiones que se puede extraer de la lectura de los diferentes aportes es la coexistencia de dos grandes ejes de interés. Uno, tiene que ver con las carencias que presenta la Educación Pública. En ese sentido, son numerosas las intervenciones que aluden a la infraestructura, a la superpoblación de clases, a programas inadecuados a las necesidades; al ausentismo docente, a las dificultades en el acceso a la bibliografía; la insuficiente formación de los estudiantes y sus dificultades en los pasajes Primaria-Secundaria y Secundaria-Universidad, por citar nada más que algunas.

El otro eje de interés está vinculado al punto de vista de los docentes. Es decir: salarios, dignificación del trabajo, elección de horas, rol que les cabe a las Asambleas Técnico Docentes, organización del sistema expresado en el reclamo de autonomía y cogobierno, y en cuanto a los mayores o menores niveles de libertad de los centros educativos, así como los principios rectores que deben informar el sistema. Esa fue la esencia de los planteos a lo largo del Debate Educativo.

Llegados a las instancias parlamentarias se advierte que lo que se constituyó en el punto central del debate educativo pasó a ser lo accesorio. Si lo central, lo que justificó el Debate Educativo era "construir entre todos la educación del futuro" o sea buscar soluciones para los problemas reales y concretos de la educación, era razonable suponer que lo institucional debería conformarse en función de ese objetivo principal. Cabría preguntarse entonces: ¿para alcanzar el objetivo es imprescindible una Ley de Educación? Daría la impresión que no. Quizás sí adecuar algunas normas o sancionar nuevas para atender demandas puntuales, como el reconocimiento del grado universitario para los docentes; o mejorar los procedimientos de coordinación entre Secundaria y la Universidad ya previstos en la Ley vigente.

Si interrogáramos a las actuales autoridades de la Enseñanza acerca de si ellos están mejorando la educación, la respuesta no será otra que un rotundo "sí". Entonces: si es posible, sin alterar la actual estructura de dirección de la educación mejorarla, ¿a santo de qué tanto lío con la ley de Educación? La respuesta no es otra que, habiéndose comprometido el Frente a que sería el gremio docente quien conduciría la Educación, ahora tiene que darle respuesta. Ahí está el problema

Los que quemaron cubiertas delante del Parlamento la semana pasada lo hicieron para que se les cumplieran las promesas: de autonomía y cogobierno: docentes dirigiendo en exclusividad la enseñanza, sin participación del poder político. Este es el meollo de la discusión: ¿deben ser los gremios los que conduzcan los órganos rectores de la Enseñanza?

Mientras tanto, los problemas siguen esperando.