El juez penal Rolando Vomero archivó el expediente en que se investigó la decisión del Poder Ejecutivo de exonerar del pago de un canon anual de US$ 2,4 millones a la empresa Conecta.
El fiscal Luis Bajac consideró que no había elementos de convicción para considerar que se cometieron delitos penales y por ello solicitó el archivo del caso, a lo que hizo lugar Vomero.
La denuncia sobre este negocio fue presentada por el abogado Gustavo Salle, quien solicitó a la Justicia que investigue si se cometió algún delito penal en esta negociación.
Durante este gobierno, Ancap modificó el contrato de concesión a Conecta (propiedad en 45% de Ancap y 55% de Petrobras) para distribuir gas por cañería en el interior del país y aceptó que la empresa no pague el canon anual de US$ 2,4 millones previsto por contrato
Ese contrato ya había sido modificado en el año 2002, cuando se extendió de 20 a 30 años.
En la investigación judicial, el Ministerio de Industria, Energía y Minería entregó informes sobre la negociación que se realizó con Conecta.
Destacó en los informes que el acuerdo fue una salida beneficiosa para el país, que no implicó perdida de dinero para el Estado.
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