MADRID | La Audiencia Nacional de España decidió paralizar ayer la apertura de fosas comunes en las que permanecen cientos de víctimas de la Guerra Civil y el franquismo, por considerar que existe un conflicto legal de competencia.
Un grupo de 15 magistrados decidió así estimar un recurso de la Fiscalía contra el auto del juez Baltasar Garzón, quien en octubre se declaró competente para investigar lo ocurrido. En concreto, los magistrados, por diez votos contra cinco, acordaron ayer "paralizar las actividades tendientes a la exhumación" hasta que resuelvan la cuestión de incompetencia planteada.
"Me parece indignante e inhumano que se haya elegido el punto más frágil, el de las familias que llevan 70 años esperando las exhumaciones de sus seres queridos para darles una sepultura digna", dijo Emilio Silva, presidente de la Asociación pa-ra la Recuperación de la Memoria Histórica.
La Fiscalía considera que la investigación de Garzón afecta a delitos que prescribieron con la ley de amnistía de 1977.
Sin embargo, Garzón argumenta que durante la guerra, entre 1936 y 1939, y los primeros años de dictadura se produjo un delito de crímenes contra la humanidad con la desaparición sistemática de centenares de miles de opositores al régimen franquista. AP
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