Educación universitaria

El Poder Ejecutivo elabora un proyecto de ley para que Uruguay deje de ser el único país de la región que carece de una agencia de acreditación de las carreras universitarias. Una vez creado, un organismo de esa naturaleza servirá para evaluar la calidad de la educación terciaria que se imparte en las universidades privadas e incluso en la Universidad de la República. También caerán en su esfera de influencia los ocho institutos universitarios que ofrecen licenciaturas y postgrados en distintas especialidades. La experiencia internacional indica que una correcta gestión de tales agencias termina elevando el nivel de los estudios universitarios, objetivo al cual nuestro país no puede renunciar.

Tema central de esta ley serán la Universidad de la República y las cuatro universidades privadas habilitadas (Universidad Católica, ORT, Universidad de Montevideo y Universidad de la Empresa). Mientras la universidad pública se maneja con autonomía a través de sus propias autoridades, el Ministerio de Educación regula a las privadas, así como a los institutos universitarios. La convivencia del sector público con el privado no es siempre pacífica puesto que la Universidad de la República reivindica una suerte de monopolio de la enseñanza superior del país al punto que no abandona su pretensión de postularse como tutora de la acción de las universidades privadas.

Esta tendencia al predominio proviene de un mal entendido ejercicio de la autonomía. La casa mayor de estudios fundada por Manuel Oribe no debería concebir su funcionamiento como si estuviera desgajada -o por encima- del resto del sistema de educación terciaria. Sus autoridades deben comprender que conducen una institución que es una pieza esencial, pero no la única, en un mecanismo que requiere coordinación no sólo con los otros centros de enseñanza sino con los planes de desarrollo del país. Por momentos, da la impresión que alberga en su seno tendencias autárquicas que resultan inaceptables.

Una de esas tendencias se manifiesta en la relación con las universidades privadas. En los últimos años han menudeado las denuncias contra algunas facultades de la Udelar por perseguir y sancionar a docentes por el solo hecho de dictar clases en las privadas, como si la pública tuviera la prerrogativa de la exclusividad. Además, son frecuentes las ocasiones en que ciertos voceros de esa institución pública vinculan a las privadas con la dictadura, basados en que la más antigua de ellas, la Católica, fue habilitada por un decreto-ley de 1984, casi en el final del período de facto.

Actitudes de esa naturaleza deberían desterrarse por imperio de la nueva ley sobre la acreditación universitaria. Sin embargo, una de las interrogantes que se plantean es si la Universidad de la República aceptará ser evaluada por la agencia nacional de acreditación. Este tema, a pesar de su importancia, no ocupa un sitio central en los debates sobre la reforma de la ley orgánica de 1958, algo raro si se recuerdan los antecedentes de esa casa de estudios en materia de evaluación. Años atrás, en cumplimiento de compromisos con los países asociados en el llamado "Mercosur Educativo", la Universidad de la República debió someterse a un control de calidad y no logró superar las evaluaciones externas que se le realizaron, una de ellas en su Facultad de Medicina. Tiempo después, corregidos ciertos procedimientos, superó la instancia.

En vez de recaer en una postura de autosuficiencia, sería recomendable que la Universidad de la República cooperara lo más posible con la novel agencia de acreditación, la que por otra parte codirigirá ya que tendrá representantes, aunque no mayoritarios, en su dirección. También sería aconsejable que abandonara su propensión al predominio sobre las privadas y se dispusiera a trabajar junto a ellas en una conjunción beneficiosa para todo el sistema educativo. Si bien es clara la superioridad de la Universidad de la República en ciertas áreas y en su capacidad de investigación, también es cierto que debería reconocer los valores del sector privado que, en algunos campos, logra posiciones de destaque internacional.

Cualquiera sea la naturaleza jurídica que la ley le otorgue a la agencia de acreditación, es preciso dotarla de autonomía técnica y de una jerarquía que la capacite para ejercer sus funciones. También habrá que definir hasta qué punto se le confía a esa agencia el control y la supervisión de la educación terciaria privada cuyo desarrollo no debería entorpecerse.