EDUARDO DELGADO

La fiscal penal de 2º Turno, Mirtha Guianze, presentó una acción de inconstitucionalidad contra la ley de Caducidad por el caso de Nibia Sabalsagaray, cuya muerte en 1974 fue incluida en la ley por el Ejecutivo, con excepción de los civiles que hayan participado del hecho.

El recurso fue entregado al juez penal de 10° Turno, Rolando Vomero, quien lo elevará a la Suprema Corte de Justicia, la que deberá decidir si admite su análisis y, de así hacerlo, decidir si entiende que la ley es constitucional o no.

En 1988 y por mayoría de tres a dos votos, la Suprema Corte rechazó la inconstitucionalidad de la ley de Caducidad, que impide juzgar a militares y policías que hayan violado los derechos humanos durante la dictadura.

El de Sabalsagaray es de los pocos casos que no fue presentado en esa época, por ende no es "cosa juzgada" y permite que la Corte con su actual integración estudie la constitucionalidad de la ley de Caducidad.

Si la Corte coincide con Guianze, su resolución se aplicará en el caso puntual de Sabalsagaray y no cambia los anteriores fallos.

En su escrito, Guianze retoma argumentos utilizados por Nelson García Otero y Jacinta Balbela -los ex ministros de la Corte que quedaron en minoría en 1988-, a los que suma consideraciones sobre normativa internacional aprobada por el país que, sostiene, la ley de Caducidad violenta.

En ese sentido, la fiscal incluyó un trabajo doctrinario del Instituto de Estudios Sociales (Ielsur). Esta organización analiza presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de Caducidad, en representación de "los intereses difusos de la sociedad", y de concretarse su admisibilidad será analizada por la Corte.

el caso. Nibia Sabalsagaray era militante comunista y estudiaba profesorado de literatura. La madrugada del 29 de junio de 1974 fue conducida al Batallón 5º del Ejército; al mediodía su familia fue informada de la muerte, catalogada de suicidio, cuestión que desmienten diversos testimonios.

Entre ellos el del entonces avanzado estudiante de medicina, el actual intendente de Canelones Marcos Carámbula, que vio el cadáver y consideró que la muerte de Sabalsagaray se debió a la tortura sufrida. En 2004, su hermana Estela Sabalsagaray, presentó una denuncia. En 2005, Tabaré Vázquez consideró que los militares y policías que intervinieron en el caso están amparados en la ley de Caducidad.