La Junta Directiva del Casmu y el Sindicato Médico expresaron su inquietud ante la iniciativa de adelantar el plazo de entrada en vigencia de la ley de quiebras y concordato. Entienden que esa no es la salida adecuada para la crisis del centro asistencial.
Hasta altas horas de la noche de ayer el único tema de discusión en la sede del Sindicato Médico del Uruguay (SMU) fue la ley de reorganización empresarial y declaración de concurso (conocida como ley de quiebras y concordatos). Es que existe el temor en el seno médico que si se aprueba -tal como está previsto- la inmediata entrada en vigencia de la ley, ésta se transforme en la herramienta a utilizar por el gobierno para "intervenir indirectamente" la mutualista, según expresaron muchos de los médicos presentes en la reunión.
La iniciativa prevé estímulos para que los deudores y acreedores utilicen el proceso concursal como forma de salir de la crisis empresarial. Además busca simplificar y facilitar los procedimientos para que los acreedores de las empresas puedan presentarse como oferentes y dispone de plazos más breves para acelerar ese proceso.
La ley ya tiene media sanción en la Cámara de Senadores para que entre en vigencia en los próximos días y no en seis meses como estaba estipulado originalmente.
Ricardo Olivera, uno de los expertos que participó en la elaboración del proyecto de la nueva ley de quiebras, estuvo presente ayer en la sede del SMU para informar a los galenos del alcance de la normativa y cómo los afectaría.
Si bien les comunicó que no cree "conveniente" la aplicación de esta ley como una salida a la situación que vive el Casmu (sobre todo por la relación de dependencia jurídica con el SMU), señaló que la norma se ajusta en los hechos como una de las posibles herramientas a ser utilizadas.
La nueva ley de quiebras establece la posibilidad de que la empresa sea vendida como una unidad, dándole preferencia a los trabajadores. En el gremio médico existe la inquietud de que los funcionarios del Casmu tomen el poder del centro asistencial.
Al menos eso fue lo que se escuchó en los corredores del SMU luego que Olivera culminara su exposición. "El gobierno de alguna u otra manera se va a sacar las ganas de intervenir el Casmu", comentó uno de los integrantes del Sindicato Médico.
Olivera explicó que se deben cumplir tres etapas en el nuevo escenario que propone la ley: la primera es la negociación de un convenio de pago con los acreedores; luego se produciría una subasta de los activos de la empresa en caso de que no se logre un arreglo y en la última etapa se llevaría cabo la venta, en partes, de la empresa.
Al cierre de esta edición, los integrantes del Comité Ejecutivo del SMU y la Junta Directiva del Casmu permanecían discutiendo los pasos a seguir ante la aprobación de la inmediata entrada en vigencia de esta ley.
Una de las medidas es llamar a una asamblea general del gremio en carácter de grave y urgente para analizar la situación. Además se prevé una movilización al parlamento para expresar el rechazo la postura contraria a la ley.