Reforma del Central

La calidad de la obra legislativa de este gobierno es deplorable. La conclusión se amolda al mérito de las leyes, pero también a la redacción, a la forma de expresión, a una suerte de sintaxis de "calle levantada", que ha llegado al extremo de decir lo contrario a lo que apuntó la voluntad del legislador. Es más grave cuando se legisla a tambor batiente, y ni que hablar cuando se trata de temas técnicos o complejos, que requieren conocimientos especializados. Es lo que sucede con el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central del Uruguay.

Este proyecto, de vital importancia para el país, se elaboró en dos tiempos. Un primer Mensaje del Poder Ejecutivo llegó el 28 de diciembre de 2005 al Poder Legislativo, se trató en Comisión del Senado el 6 de abril de 2006, y como no había acuerdo dentro de los sectores del propio gobierno sobre diversos puntos se le puso en la congeladora para ahora sí, volver con ímpetu avasallante para ser sancionado por destrozo, sin darle a la oposición la oportunidad de ni siquiera dialogar sobre el tema. El Partido Nacional pudo decir algo al respecto en el plenario, por intermedio de su miembro informante, el Dr. Sergio Abreu. Poco, pero importante.

El ex subsecretario de Economía, propuesto como presidente del Banco Central, dijo en su momento que se buscaban tres metas: delinear las relaciones institucionales entre el Banco Central y el Ministerio, reorganizarlo como regulador financiero, y -al margen- crear una persona pública no estatal, la Corporación para la Protección del Ahorro Bancario, que operaría "como hospital de empresas financieras en dificultades y no como morgue".

Pero la parte sustancial del proyecto cambió, sobre todo en lo referente a las funciones. En ese aspecto, la primera de dichas modificaciones pone como objetivo el crecimiento y el empleo sin establecer un rango diferente en cuanto a las previsiones iniciales del proyecto enviado por el Ejecutivo. El catedrático de Política Monetaria de la Facultad de Ciencias Económicas, Ariel Banda, consultado al respecto, clasificó a los distintos Bancos Centrales mundiales según sea su independencia. El 16% son por objetivos, el 42% por metas y el 35% por instrumental. Y en este último grupo, hay tres tipos de independencia, la política o institucional, la operacional y la financiera. La autonomía política refiere al mandato, a la integración del Directorio, plazos y requisitos. En este aspecto, el proyecto inicial cambió de criterio. Primero se afirmó en la continuidad institucional, en la autonomía, como es el caso del Bundesbank, o del Banco de España, o de la Federal Reserve, o sea que las integraciones no cambian con los gobiernos. Este proyecto en cambio vuelve al régimen actual, calzando el cambio político con el institucional en el Banco Central, lo que impide formar y aprovechar la memoria y experiencia interna del organismo.

Se le objeta al proyecto la creación de un Comité de Coordinación Macroeconómica que no se justifica en la medida que la iniciativa se inclina por una opción de autonomía instrumental. Tampoco tiene sentido elevar a cinco el número de miembros del Directorio, lo cual complica y encarece la gestión, por no existir una Gerencia General que centralice la actividad de distintas áreas. Es grave, asimismo, que la autonomía de la Superintendencia esté anulada por la facultad del Directorio de revocar de oficio todos los actos administrativos. No es conveniente que si da utilidades, el saldo remanente neto de las mismas se acredite en la cuenta Tesoro Nacional y no a acumulación de activos o disminución de pasivos del propio Banco. No es lógico que con cinco miembros en el Directorio, se mantenga la exigencia de unanimidad para los préstamos de última instancia. En otro orden, no está claro cómo funciona el déficit parafiscal.

Finalmente, la Corporación para la Protección del Ahorro Bancario que se crea, se superpone con la Superintendencia en lo que refiere a la evaluación de riesgos, y el presupuesto de la Copab se financia con primas que los bancos aportan para proteger a depositantes, no para pagar sueldos.

Para el Partido Nacional no se justifica esta iniciativa. En su lugar, vista la vulnerabilidad de su sistema financiero, la autoridad monetaria debería tener posibilidades instrumentales de intervenir en los flujos financieros cuando se avecine una crisis o un perjuicio al sistema. ¿Habrá que esperar al próximo gobierno?