EDUARDO DELGADO
En varios dictámenes de unas 10 hojas, el fiscal de Corte, Rafael Ubiría, consideró que el Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS) vigente desde este año, es constitucional. La posición del fiscal en algunos de los recursos de inconstitucionalidad contra el nuevo impuesto ingresó a la Suprema Corte de Justicia esta semana, donde pasará a estudio de los cinco ministros del máximo órgano del Poder Judicial, indicaron fuentes judiciales a El País.
Ubiría indicó en sus dictámenes que el IASS es un impuesto al ingreso, similar al Impuesto a las Retribuciones Personales (IRP) derogado por este gobierno, y no un impuesto a la renta, por lo que no viola la Constitución vigente.
El fiscal de Corte sostuvo que el IASS no violenta el artículo 67 de la Constitución, que refiere a la jubilación, al igual que ya lo afirmó cuando se pronunció a favor de la inconstitucionalidad del Impuesto a las Rentas de las Personas Físicas (IRPF) en decenas de acciones sobre las que emitió su opinión.
En esas ocasiones, el fiscal de Corte aseveró que el IRPF generaba una ilegalidad, al crear una ficción tributaria que equiparaba un impuesto al ingreso al de uno a las rentas de las personas físicas.
el nuevo impuesto. La Suprema Corte, con su antigua integración y por mayoría de tres a dos votos, declaró inconstitucional el IRPF en más de diez expedientes que beneficiaron a cientos de pasivos.
Tras el retiro de la ministra Sara Bossio y el ingreso de Jorge Larrieux, la votación cambió tres a dos a favor de la constitucionalidad del impuesto y la mayoría de las acciones de inconstitucionalidad tuvieron ese resultado.
Pero el gobierno consideró que las decisiones de la Suprema Corte generaron diferencias entre jubilados que en las mismas condiciones deberían pagar el IRPF por sus pasividades y otros que fueron exonerados de abonar el tributo.
El presidente Tabaré Vázquez dijo que debido a eso, se decidió la derogación del IRPF a las pasividades y la creación del IASS.
Recientemente, la Corte archivó una investigación administrativa por la filtración de los votos de los ministros en los primeros casos sobre el IRPF, ya que no se pudo identificar a los responsables del hecho.