Iniciarán acciones contra la ley

Luego de la aprobación de la ley de Caja Bancaria, los empleados de las administradoras de crédito y las empresas evalúan las acciones legales a seguir. Se estudian acciones de inconstitucionalidad e incluso juntar firmas para un referéndum donde se deroguen los artículos que fijan el ingreso de los 4.600 empleados de ANDA, OCA y Creditel, entre otras.

La situación es similar a la ley de Caja Policial, que se termina de sancionar esta semana y donde las dos corrientes sindicales policiales ya anunciaron que recogerán firmas para impugnar la reforma, a pesar de que el gobierno modificó el proyecto y elevó el tope de retiro a $ 30.000.

El senador blanco Francisco Gallinal habló del tema ayer en sala, cuando se trató la reforma de la Caja Bancaria, y dijo que los afiliados comenzaron a levantar firmas para expresar el rechazo a la iniciativa.

Adelantó que los empleados de las administradoras promoverán recursos para ir a un referéndum o acciones judiciales. "Harán la defensa judicial de sus derechos y será un nuevo problema para el gobierno. Se abre un flanco jurídico muy grande que complicará a este sistema", indicó Gallinal. El senador firmará para ir a un referéndum, si eso se confirma.

FIRMAS. El presidente de ANDA, Washington Almada, dijo a El País que "los afiliados tienen la palabra" y deben decidir si presentar acciones, aunque admitió que eso está en estudio. Recordó que ya se juntaron 15.000 firmas para rechazar la ley, las cuales fueron presentadas en el Parlamento.

El senador del MPP José Mujica dijo ayer que tiene en su poder las 15.000 firmas de ANDA, en el despacho: "Y no sé qué hacer con ellas, pero alguien las debía recibir".

En un mensaje ante varios miles de afiliados el fin de semana en San José, Almada criticó en forma muy fuerte la ley que ayer se aprobó. "Mensualmente volcamos $ 127 millones al crédito social. El crédito promedio es de entre $ 400 y $ 500. Son los créditos con tasa más baja del país y benefician principalmente a personas de ingresos muy bajos, que los piden mayoritariamente para alimentarse. ¿Alguien puede pensar que somos una financiera?", preguntó Almada.

Su discurso fue seguido con gritos por los asistentes. Afirmó que la institución tiene "un fin netamente social" y que es "un enorme soporte para el Estado".