Cristina firma nacionalización de sistema privado de jubilaciones

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BUENOS AIRES | LA NACIÓN/GDA Y AGENCIAS

ROSENDO FRAGA

El gobierno argentino firmó ayer el proyecto de ley para estatizar nuevamente el sistema de jubilaciones privadas. En un acto, la presidenta Cristina Fernández criticó la llamada "capitalización" de pensiones y negó que se busque más "caja".

El proyecto, que garantiza un sistema jubilatorio "único, público y solidario", a cargo del Estado, será enviado en las próximas horas al Congreso argentino donde se vaticina un intenso debate, ya que legisladores de la oposición han calificado a este intento de reestatización como un "saqueo".

En un acto realizado en la sede de Anses -el órgano que administra la jubilación estatal- la presidenta realizó una encendida justificación del proyecto. "Los principales Estados del mundo están aplicando una política de protección hacia los bancos, y en nuestro caso estamos protegiendo a los trabajadores y jubilados", destacó.

El proyecto -al que la mandataria calificó de "decisión estratégica"- supone la eliminación de las diez Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) que operan en Argentina y cuyo régimen, que opera en paralelo con el estatal, fue dispuesto en 1994 durante el gobierno de Carlos Menem. La presidenta dijo que ese sistema, y no la reestatización, representaba el verdadero "saqueo".

"Hoy (por ayer) decidimos sobre el patrimonio de los jubilados de nuestro país. Cuando aparecen las pérdidas, el que aparece es el Estado para hacerse cargo de todo. Estamos ante el final de una época a nivel mundial y esto que hoy estamos haciendo aquí es una decisión estratégica en este marco internacional", señaló Fernández ante pensionistas y autoridades gubernamentales.

fondos. Según el gobierno, esta decisión fue tomada por la pérdida de rentabilidad de las AFJP a causa de la crisis financiera internacional. Esa rentabilidad cayó un 20% en promedio durante los últimos 12 meses ante las pérdidas registradas en las acciones y los bonos locales. El 55,5% de las inversiones de las AFJP son en bonos del Estado.

El gobierno apunta a la pérdida de la rentabilidad. Pero la oposición y la mayoría de los analistas creen que con esta decisión, lo que busca el Ejecutivo es asegurarse el financiamiento de su deuda durante los próximos años. De aprobarse en el Congreso, la reestatización le permitiría al gobierno controlar los 30.100 millones de dólares en poder de las AFJP, que se suman a los US$ 4.600 millones por año que aportan anualmente los trabajadores al sistema. El régimen privado tiene 9,5 millones de afiliados, de los cuales solo aproximadamente el 40% realiza aportes regulares.

La oposición y los analistas denunciaban que la necesidad de "caja" responde a que Argentina precisa fondos frente a los fuertes vencimientos de los denominados préstamos garantizados (una "herencia" de la gestión de Domingo Cavallo al frente de Economía, en 2001). Por ello, en 2009 deberán pagarse US$ 20.000 millones.

La presidenta criticó ayer en Anses esa hipótesis. Aseguró que en el gobierno la única "caja" en la que se piensa es la de los jubilados y se pregunto "a qué `caja` defienden o a qué `caja` quieren representar los que pretenden seguir con el sistema de AFJP".

Amado Boudou, titular de la Anses, afirmó que el sistema de AFJP fue una "ficción" y un "fracaso" durante sus catorce años de existencia, ya que el Estado debió aportar anualmente miles de millones de pesos para que los jubilados recibieran una suma mínima garantizada por ley, a cambio de sus aportes.

El anunció provocó una fuerte caída de la bolsa porteña, un importante aumento del riesgo país, una dura respuesta de la asociación que engloba a las AFJP y la promesa de un debate electoral acalorado.

Lo sorpresivo del anuncio es uno de los aspectos más criticados, incluso entre aquellos que apoyarían la medida. "La reestatización tiene su efecto positivo porque habrá más fondos para pagar deuda", dijo el ex secretario de Finanzas Miguel Kiguel al canal de noticias por cable TN. Pero "lo más preocupante de esta medida es que las reglas de juego se cambian de la noche a la mañana, sin un proceso de consulta importante. Hoy son las AFJP, y mañana ¿quién?". Una pregunta aún sin respuesta, en momentos que el valor de las materias primas (mayor fuente de ingresos del país) sigue bajando.

10,99 Porcentaje de caída del índice Merval en la víspera. La mayoría de las entidades que cotizan en bolsa son accionistas en las AFJP.

1.605 Puntos básicos del riesgo país de Argentina ayer por el derrumbe de los bonos locales. La subida fue de 220 puntos básicos.

Las AFJP reaccionaron ayer a la decisión del gobierno con un duro comunicado, emitido por la Unión de Administra-doras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones Argentinas (Uafjp), en la que defendieron el sistema.

El texto sostiene que la medida del gobierno está basado "en un hecho coyuntural, que es la crisis de los mercados financieros" y que los fondos administrados por ellos "son de largo plazo, para un contexto de reglas estables". A su vez, destacaron el "crecimiento casi constante" del sistema en sus 14 años de vida.

El documento, firmado por el presidente de la Uafjp, Sebastián Palla, denunció que esta decisión "genera un contexto que desalienta la inversión en Argentina", situación que se agrava por el contexto financiero desfavorable a nivel internacional.

Anteriormente, el presidente de Profesión+Auge, Horacio López Santiso, titular de una de las diez AFJP involucradas, recomendó a sus afiliados demandar al Estado por la reestatización.

"Los damnificados deberían dedicarse a hacer juicios", dijo a la porteña Radio América. "No hay que soslayar la posibilidad de que las propias AFJP lo hagan también, así como quienes pusieron capitales en las administradoras".

sin operar. La guerra entre el gobierno y las AFJP ya tiene una instancia judicial. Un juez federal dictó una medida cautelar para impedir que estas empresas operen en bolsa durante siete días hábiles. Esto ocurrió tras una denuncia del fiscal federal Guillermo Marijuán de que las AFJP habían querido defraudar al Estado, mediante una supuesta liquidación de bonos estatales (en los que estas firmas han invertido el 55% de sus fondos) el lunes, ante el inminente anuncio del proyecto de ley para estatizar el sistema previsional. la nación/gda