Parlamento y fueros

En esta legislatura se han producido desafueros de legisladores y hay otros pendientes por presuntas irregularidades en los manejos de los dineros públicos. Pero el último de los solicitados, por denuncia del Vicepresidente de la República contra el senador nacionalista Julio Lara es absurdo y peligroso por el desconocimiento de expresos textos constitucionales que encierra. El pedido formulado por el juez Sergio Torres Collazo da la impresión de que se saltea los artículos de la Carta que se refieren a fueros e inmunidades parlamentarias y no deja bien parado al Poder Judicial. Estamos hablando de viejos institutos surgidos de la lucha del pueblo contra las omnipotentes monarquías y hoy consagrados en todas las Constituciones de corte democrático. Se trata de un régimen excepcional que crea, para ciertas personas en atención a la función que desempeñan, una situación de derecho objetivo claramente determinada y distinta de la que regula el derecho común para el resto de los ciudadanos.

El art. 112 de nuestra Constitución, establece que "Los Senadores y Representantes jamás serán responsables por los votos y opiniones que emitan durante el desempeño de sus funciones". Es, ni más ni menos, que la garantía para asegurar la autonomía del Poder Legislativo, órgano que por su integración es el depositario y la expresión más auténtica de la soberanía nacional.

Este reconocimiento no fue una creación artificiosa del derecho, sino el producto de una necesidad; de la convicción de que el sistema parlamentario como auténtica representación del pueblo, no sería más que una utopía sino estaba debidamente garantido.

Las luchas libradas por el Parlamento en Inglaterra hasta fines del siglo XVII para obtener su integridad y autonomía frente a los reyes, que continuamente amenazaban a los miembros de las Cámaras de los Comunes y llegaba a encerrarlos en la Torre de Londres porque contrariaban sus designios; el Terror de Francia, donde los representantes eran perseguidos y guillotinados con el pretexto de complicidad con los enemigos de la libertad, de la igualdad y del gobierno, son sólo dos episodios que aceleraron el proceso de buscar medios aptos de defensa de los representantes populares, inermes al uso de la fuerza y sin más fuerza que el mandato popular del que están investidos.

Surgen así los fueros; con el objeto, justamente, de impedir la reiteración de estos atentados contra la libertad del Poder Legislativo, que buscaban convertirlo en instrumento amordazado y medroso de los gobernantes de turno. Esa es la razón de un estatuto de derecho especial para el legislador.

Hay también un segundo tipo de privilegios parlamentarios, constituidos por lo que se llama la inviolabilidad personal del legislador y que nuestra Constitución recoge en los arts. 113 y 114. Consagran la prohibición de arresto salvo el caso de delito infraganti y de acusación criminal, ni aún por delitos comunes, sino ante su respectiva Cámara.

Los fueros y las inmunidades son algo muy serio: son la base y el sostén de la democracia representativa.. Como dice "Búsqueda" sobre el tema (25-09-08), "un juez podrá pedir el levantamiento de los fueros para someter a un legislador a juicio cuando se trata de una acción ajena a su función parlamentaria: un robo, un desfalco, una coima o un asesinato, por ejemplo. Pero no por investigar, denunciar y opinar desde su cargo sobre asuntos que conciernen a quienes están gobernando. Esto es inherente a la función".

Treinta y cinco años atrás -para los que gustan recordar la "historia reciente"- el Senado se vio enfrentado al pedido de desafuero de Enrique Erro planteado por la justicia militar, por sus vinculaciones y actividades con el Movimiento de Liberación Nacional (Tupamaros), grupo terrorista que actuaba al margen de la ley y buscaba voltear las instituciones democráticas: secuestros, robos, extorsiones, atentados, asesinatos, nada les fue ajeno en su delirio por el Poder. Muchos de ellos lo recuerdan porque fueron testigos de esa historia y otros porque fueron protagonistas. El país ya había sufrido el Golpe de Estado de febrero de 1973, pero el régimen cívico-militar aún no lo había oficializado (eso ocurriría el 27 de junio): todavía funcionaba el Parlamento. La memorable exposición del entonces senador Washington Beltrán (mayo de 1973), anunciando que no votaría el desafuero de Erro, fue la más clara y rotunda defensa de la importancia que esa institución tiene en la vida de un país. Y la hizo en una situación límite.

Sería bueno que muchos de los que hoy están en el escenario político o judicial la leyeran.