Expertos rechazan llevar a 30 años la pena máxima para violadores

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La violación tiene doce años de pena máxima en Uruguay y el Parlamento discute un proyecto del Partido Nacional para subirla a 30 años. Con matices, tres reconocidos profesores de derecho penal rechazaron esa posibilidad en el Parlamento.

Uno de ellos, Miguel Langón -catedrático de derecho penal de la Universidad de la República, la Universidad de la Empresa y la Universidad de Montevideo y fiscal de Corte del Contencioso Administrativo- sugirió subir el máximo a 16 años. Los expertos coinciden en que crear un registro permanente de abusadores sexuales de menores sería "la muerte civil" para quienes integren esa lista.

Se trata de dos proyectos distintos del diputado herrerista Luis Lacalle Pou. Si bien los diputados del Frente rechazaron las iniciativas esta semana en la comisión de Constitución, no cerraron la puerta: pidieron unos días de plazo para estudiar modificaciones que hagan viables las iniciativas.

Langón advirtió en el Parlamento: "No se puede poner treinta años a la violación, porque el parricidio vale veinticuatro. Si matar a la madre vale veinticuatro, violar a la vecina no puede valer treinta. Se rompe la dosimetría penal". De todos modos, admitió que el delito de violación "tiene poca pena" y sugirió subir el mínimo y el máximo, dejando la violación con la misma pena que la rapiña: de cuatro a 16 años. Hoy es de dos años a doce.

PENAS. Raúl Cervini, profesor de derecho penal de la Universidad Católica y de la Universidad de la República, explicó que, con 30 años, el delito de violación "llegaría a tener la pena exclusivísima" del delito de homicidio especialmente agravado. "Reconozco la gravedad de la violación, pero también hay otros delitos (…). No se debería entrar en la argentinización del Código Penal, que es ir a las agravantes especiales ante cada grito", reflexionó.

Para el abogado Gustavo Bordes, docente del Universitario de Punta del Este, el "quantum" de la pena no lleva al delincuente a "no cometer un delito". Bordes dijo que hay "resistencia general" en la cátedra a aumentar penas y se mostró a favor de mantener la pena en doce años, "que ya de por sí es grave y mantiene dosimetría con el resto de las penas".

CONDENA. Otra propuesta a estudio es la creación de un registro de abusadores de menores, con datos de las personas que han cumplido condenas por delitos sexuales contra menores de edad.

Al respecto, Langón mostró una posición vacilante: dijo que no está "directamente en contra" de la norma, que responde "a un clamor popular que debe contemplarse" y "puede tener utilidad de indagación y de contención". Pero aclaró que también hay que dar "una segunda oportunidad" a la gente y el acceso al mencionado registro no puede ser abierto ni éste puede ser por tiempo indefinido.

Langón admite que el riesgo "es la satanización de las personas" y "la exacerbación del castigo". Prohibir la realización de actividades sanitarias, docentes o académicas que impliquen contacto con menores "es la muerta civil" para todo aquel que esté en el registro, dijo. "Estamos en el borde de la constitucionalidad. Hay un proceso de estigmatización", opinó.

Para Cervini, el registro es "violatorio" del principio de igualdad y de "intimidad" de la Constitución. Bordes fue más claro: "Es un proyecto absoluta y claramente inconstitucional. Alguien puede haber cometido un error, pero quiere reinsertarse en la sociedad y no quedar marcado de por vida".

"Se le dice, `usted nunca más podrá trabajar en instituciones que tengan contacto con menores`. Es algo tan espantoso como lo que pasaba en Roma. A los esclavos se los marcaba a fuego en la frente con un estigma", concluyó Bordes.

n Luego de escuchar los argumentos de los diputados frenteamplistas en la comisión de Constitución, el herrerista Luis Lacalle Pou advirtió: "El gobierno nos dice que no está de acuerdo en penar más a los violadores". Para Lacalle Pou, los dos proyectos rescatan un clamor popular: "De este lado quedaremos unos; del otro lado quedarán otros". El diputado cree que el delito de violación "es igual o más grave que determinados homicidios".

Su colega de Alianza Nacional y presidente de la comisión de Constitución, Álvaro Lorenzo, rechaza la creación del registro de abusadores por implicar "una condena perpetua", aunque repudia "un delito aberrante". Sí apoya el aumento a las penas, aunque no necesariamente a 30 años.

Desde el Frente Amplio, el diputado Jorge Orrico (Asamblea Uruguay), rechazó la "hiperinflación penal" y piensa que la violación ya tiene penas de penitenciaría "muy altas" "En Estados Unidos hay pena de muerte y existe el triple de posibilidades de que a uno lo maten en Nueva York que en Montevideo", aseguró Orrico. La violación "es un delito grave y execrable", aclaró, pero no puede ser "mucho más grave que matar".