Bajo un gran hermetismo se llevan a cabo las reuniones de conciliación entre Leadgate -dueño del 75% de las acciones de Pluna- y el Estado cuyo foco de discusión es la deuda generada por el consorcio durante el último año de gestión, que según fuentes sindicales superó los US$ 30 millones.
Al gobierno le preocupa el déficit que generó el grupo privado y busca saber cómo hará este para cubrir los gastos generados entre deudas con Ancap, el aeropuerto de Carrasco y con los proveedores de aviones, entre otros servicios.
En tanto el sindicato de funcionarios y pilotos de Pluna prepara para el corto plazo una batería de medidas gremiales que afectarán los servicios mientras la próxima semana volverán a reunirse con la mesa política del Frente Amplio (FA). "No podemos esperar a que se desmantele la compañía", dijeron en el sindicado.
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