Piquetes

El Uruguay es sus puertos, pero sus puertos son mucho más que el Uruguay. Los puertos de nuestro país, especialmente el de Montevideo, reciben y embarcan una proporción sustancial de mercaderías que se originan o tienen su destino en terceros países. Prácticamente la mitad del movimiento de contenedores del Puerto de Montevideo es de tránsito. Vendemos servicios a la región y, además, los exportadores uruguayos tienen acceso a medios de transporte marítimo más frecuentes y a costos más bajos de los que predominarían en otras circunstancias.

Esa importante conquista fue lograda a base de buenas políticas aplicadas consistentemente por sucesivos gobiernos, importantes inversiones del sector privado y mucho trabajo de toda la comunidad portuaria nacional. Pero, la competencia regional es tremenda y cualquier descuido nuestro será aprovechado por otros puertos, más eficientes.

Todo esto parecería obvio. Pero no tanto, como lo demuestra el piquete montado por un grupo de trabajadores del transporte en el acceso al Puerto de Montevideo.

Dejando de lado la discusión sobre si un "cantón" es un "piquete", la realidad es que trabajadores del transporte han bloqueado la principal terminal portuaria del país, causando perjuicios a la economía nacional. El objetivo de la medida, como dijo un sindicalista, fue demostrar "que tenemos fuerza".

Entretanto, el gobierno hizo declaraciones. Un ministro proclama otra cosa obvia: "obstaculizar la circulación no está dentro de las normas del país" y que "es necesario levantar el piquete". En realidad este episodio plantea dos grandes temas: el primero es la necesidad de asegurar que nada interfiera con el movimiento de nuestros puertos.

El segundo, aún más importante, es aplicar en la práctica el principio fundamental de convivencia social de que los piquetes -cantones, o lo que sea- no son una medida gremial o de protesta aceptable. El ejemplo de lo que sucede en el país vecino demuestra el alto precio que debe pagar toda la sociedad cuando la autoridad renuncia al ejercicio de su obligación de proteger el derecho de circular y de trabajar libremente.