SERGIO ABREU
La doctrina y la práctica enseñan que la Política Exterior no consiste en una mera sucesión o superposición de actitudes inconexas. Lo que define su existencia es la coherencia y la continuidad que guardan esas actitudes entre si. Un país que prescinda de un mínimo de unidad de acción podrá tener relaciones internacionales pero, en sentido estricto de la palabra, no tendrá Política Exterior.
Política Exterior y diplomacia no son la misma cosa; la primera es una definición de objetivos del Estado, ejecutada por un Gobierno en nombre del interés nacional; la segunda es el principal instrumento para llevar a cabo las acciones tendientes a cumplir esos objetivos. Ambas convergen hacia un esfuerzo común dirigido a construir la unidad nacional, como una manifestación preceptiva de la voluntad de ser, de la conciencia colectiva, de un pueblo.
En este contexto la Política Exterior no puede abordarse desde el esfuerzo individual o a través de expresiones anárquicas despegadas de una visión orgánica e insti- tucionalmente estructurada. No es la suma de voluntades políticas aisladas -aún cuando sean legítimas y respetables-, sino el resultado de una coordinación mínima liderada con sentido vertical y jerárquico.
Alejadas de estas nociones básicas, en los últimos tiempos se han presentado visiones discrepantes y contrapuestas. Los ejemplos abundan: la multiplicidad de actores y de opiniones han repercutido negativamente en las negociaciones de libre comercio con terceros países, en la oscilante relación con la Ve-nezuela del Presidente Chávez, en el alineamiento con algunos dictados de la diplomacia brasileña y, en particular, en la forma de encarar la crisis con la Argentina. A ello se agrega el Mercosur que no hemos podido definir y hasta la propia interpretación de los Derechos Humanos que, como bien dice Pilar Rahola, no pueden ser mirados sólo con el ojo izquierdo.
En Política Exterior es tan importante la toma de una decisión como la forma de comunicarla y llevarla a cabo; coordinación y cooperación no son la misma cosa, tanto que la acción de muchas personas o instituciones -en su afán de ayudar- terminan debilitando los intereses del país. No es un tema menor, sobre todo cuando en el nuevo escenario de la globalización y de la interdependencia, los países se ven expuestos a diversos planos de negociación que deben atenderse en forma simultánea y que necesitan de un hilo conductor que asegure una expresión orgánica. Ello hace a la seriedad, a la profesionalidad y a la imagen de cada Estado, en particular, cuando en el ámbito internacional el romanticismo y el abrazo solidario es más una quimera que una realidad. Lo cierto es que, como dijera Artigas, "nada podemos esperar que no sea de nosotros mismos", por lo que si no se sabe lo que se quiere, si se quieren varias cosas a la vez, o cada actor se siente intérprete del interés nacional, la orfandad a la que se expone un país puede ser irreversible.
Hace veinte días, los presidentes de Argentina y Brasil acordaron bilateralmente importantes temas como la industria naval, la TV digital, la energía, la eliminación del dólar en el comercio bilateral, la compra de aviones, una mayor cooperación nuclear y algunos otros compromisos.
Ello no levantaría ninguna objeción si nuestros socios -aún legitimados por el Acuerdo 14 de Aladi- no fueran parte de un proyecto común tantas veces reivindicado ya no sólo en los aspectos comerciales o económicos, sino ahora hasta en su cuestionada proyección política.
Es por todos aceptado que la relación argentina-brasileña tiene como eje la preocupación del Presidente Lula y de Itamaraty por rescatar a la Argentina de una situación comprometida en la región. La vieja rivalidad ha quedado de lado, entre otras cosas, porque el Brasil se ha erigido en la economía más fuerte, más pujante y más solvente.
En este contexto, Uruguay tiene que retomar su reconocida capacidad de propuesta no equiparable a una cómoda actitud quejumbrosa. El nuevo gobierno del Paraguay y aún los graves problemas que Bolivia viene enfrentando, son motivo suficiente para que el gobierno uruguayo rescate una visión geopolítica que fortalezca la tradicional política de los meridianos, es decir, la concreción de la hidrovía Paraná-Paraguay, Puerto Cáceres-Nueva Palmira, el dragado de los canales del Río Uruguay y del Río de la Plata y una política de transporte multimodal que culmine en negociaciones con los vecinos para la construcción de un puerto de aguas profundas. Esto involucra el nuevo concepto de conectividad que deber ser parte de un proyecto de mediano y largo plazo.
La visión estratégica de un país debe proyectarse desde una "diplomacia de cúpula", alejada de la improvisación y de la presión de la coyuntura. Para ello, debe responder a un profundo análisis donde participen todos los actores políticos a fin de unificar la posición del país en su proyecto de inserción externa. Es necesario apartarse de la tendencia a permitir que los temas comerciales, energéticos, geopolíticos y muchos otros queden en la órbita de empresas estatales especializadas o de intereses corporativos, la mayoría de las veces, tan condicionantes como predatorios.
En tal sentido, un proceso de construcción de coincidencias básicas sólo podrá provenir de un esfuerzo permanente del Poder Ejecutivo, a través de un liderazgo claro y coherente; en otras palabras, todo lo contrario a un discurso aislado o a una opinión sectorial. El conflicto con Argentina y la propia indiferencia brasileña deben ser motivo para encontrar caminos estratégicos que, sin romper con los compromisos del Mercosur, diseñen un nuevo modelo de vecindad que potencie la participación de Paraguay y Bolivia.