Despachantes iniciaron gestiones a fin de evitar perder habilitación

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EDUARDO DELGADO

Los despachantes de Aduanas sobre los que pesa un pedido de procesamiento por cohecho realizan contactos en busca de seguir trabajando si la Justicia falla en su contra, lo que dependerá de Aduanas y el Ministerio de Economía.

Despachantes de aduanas realizan contactos en busca de evitar que 26 de ellos pierdan sus licencias en caso de ser procesados sin prisión por cohecho, tal como lo solicitó el fiscal de Ciudad de la Costa, Gilberto Rodríguez.

Ayer, algunos despachantes se reunieron con el director de Aduanas, Luis Salvo, con quien hablaron de cambios introducidos en la operativa aduanera y sobre este punto. También solicitaron una entrevista al nuevo ministro de Economía y Finanzas, Álvaro García, la que se concretaría en octubre, indicaron fuentes del sector.

Entre la mayoría de los acusados existe cierta convicción de que serán procesados, por lo que apuntan sus esfuerzos a que, en caso de concretarse dicho procesamiento, seguir trabajando, afirmaron las fuentes.

Esa decisión dependerá en primer término del director de Aduanas, Luis Salvo, y finalmente del Ministerio de Economía. Por eso los contactos que iniciaron. Los despachantes acusados intervienen en aproximadamente el 50% del comercio exterior y emplean a decenas de personas.

Abogados de los despachantes sobre los que pesa pedidos de procesamiento mantuvieron un encuentro ayer, en el que intercambiaron ideas y opiniones sobre el trámite del expediente en el Juzgado de Ciudad de la Costa.

El fiscal considera que los despachantes son coautores de cohecho (coima), el mismo delito por el que solicitó y fueron procesados con prisión 11 funcionarios aduaneros del aeropuerto de Carrasco. El cohecho es un delito bilateral; para el fiscal los aduaneros recibían las coimas y los despachantes las pagaban.

descargos. La jueza de Ciudad de la Costa, Mariana Mota, citará para la próxima semana a los despachantes que tienen pedido su procesamiento, ocasión en la que les tomará declaración y escuchará los descargos de sus abogados respondiendo la acusación del fiscal.

Los abogados también podrán pedir pruebas que consideren refutan la posición del fiscal y se prevé que varios de ellos soliciten careos entre sus clientes y aduaneros.

Después de esas audiencias, la magistrada deberá decidir si tramita las pruebas o pone el expediente en "autos para resolución", tras lo que tendrá un máximo de 45 días para tomar una decisión.

Los abogados de los despachantes coinciden en que sus clientes eran presionados a pagar coimas a los aduaneros, de lo contrario los trámites en el aeropuerto se atrasaban y perdían dinero, clientes e incluso mercadería. Por ello, consideran que en realidad los aduaneros cometieron el delito de concusión, que es cuando un funcionario público utiliza su cargo para obligar a pagar dinero a cambio de una acción, en este caso la realización de trámites en la terminal aérea.

nuevo pedido. Por otra parte, ayer existía molestia en los despachantes porque entre los pedidos de procesamiento no se incluyó al socio de un hermano del senador Rafael Michelini y del subsecretario de Educación y Cultura, Felipe Michelini, quien al igual que los otros 25 despachantes declaró que pagaba "propinas" a los aduaneros y estaba incluido en las listas incautadas a los funcionarios, donde estaban los nombres de quienes pagaban y debían dichas "propinas".

Ayer, el fiscal Rodríguez presentó un escrito a la jueza Mota, en que aclaró que omitió incluir la solicitud de procesamiento de este despachante y la agregó a la de los otros 25 individuos, con lo que las suspicacias se terminaron.

Esta persona aparecía en las listas de los aduaneros, reconoció en su declaración que pagó "propinas" y dijo que era quien llevaba la administración de la empresa, en lo que fueron contestes empleados de esa firma. Por ello es que el fiscal dejó fuera de su solicitud de procesamiento al hermano de los Michelini.

Además, Rodríguez solicitó la declaración del hijo de un despachante que aparece en las listas de los aduaneros, puesto que éste dijo que era su hijo quien se encargaba de los trámites de la empresa. Luego de ese testimonio definirá si incluye al despachante o al hijo entre los que considera deben ser procesados.

El fiscal excluyó de su pedido de procesamiento a los funcionarios de los despachantes de aduanas que realizaban trámites en el aeropuerto de Carrrasco.

Ayer, la Dirección de Aduanas informó la desarticulación de una maniobra de evasión con fertilizantes por US$ 12 millones. La intervención de Aduanas se produjo al detectarse el ingreso a una zona franca del Interior de productos químicos que presuntamente serían utilizados para la purificación de agua utilizada en procesos industriales. El control de las operaciones comerciales de una empresa permitió establecer que, en régimen de admisión temporaria, ingresaron al país miles de toneladas de un químico excento de gravámenes por su uso como fertilizante. Pero el volumen de exportaciones de esa empresa hubieran necesitado de miles de kilos más de ese químico, además de confirmarse que el fertilizante era exportado como de origen uruguayo cuando no lo era.

Los contactos de despachantes con figuras de gobierno genera molestia en el gremio de aduaneros, el que solicitará que sus compañeros procesados no sean sancionados y menos destituidos si los despachantes son procesados y se les mantiene la habilitación. "La matrícula de los despachantes siempre ha sido un tema político. Hubo despachantes procesados que siguen trabajando y otros que no", expresó la sindicalista Virginia Errandonea.

Si no se le suspenden las licencias a los despachantes, "pediremos que los funcionarios puedan seguir trabajando, pero para eso tendremos que hablar con el ministro" de Economía, agregó.

Errandonea destacó que la práctica por la que fueron procesados 11 aduaneros "se hace en otros lugares y no hubo intervenciones (de la Justicia). Lo grave es que no se detecta el contrabando".

Para Gumer Pérez, abogado de uno de los aduaneros procesados, la vista del fiscal "demuestra la realidad del delito de cohecho, la existencia de un binomio aduanero-despachante". Pérez dijo que despachantes acusaron a empleados e incluso a familiares, "lo que demuestra que buscaron salvarse de la figura de cohecho con desesperación".