LA PAZ | AFP
El gobierno boliviano y la oposición comienzan a negociar desde hoy las condiciones para un pacto por la paz y la reconciliación nacional, luego de tres semanas de enfrentamientos y un país dividido al borde de la guerra civil.
Las discusiones tendrán como facilitadores y testigos a la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur), a la Iglesia Católica, la Unión Europea, las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos.
El presidente boliviano, Evo Morales, que mantiene relaciones tirantes con la jerarquía eclesiástica, dijo que pedirá la participación también de la Iglesia Metodista y Evangélica porque "aquí en Bolivia no solamente tenemos una iglesia".
El entendimiento prevé el inicio de negociaciones en la ciudad de Cochabamba y establece entre otras medidas la devolución al Estado de oficinas públicas tomadas por los opositores, el restablecimiento de la paz y una investigación imparcial de la masacre de 16 campesinos en Pando la semana pasada, anunció el gobierno.
El acuerdo fue firmado la madrugada del martes por el gobierno, pero la oposición recién lo hizo a la noche en presencia de representantes de la Iglesia Católica, apenas horas después de que el prefecto (gobernador) de Tarija, Mario Cossío, advirtiera a la prensa de que el diálogo "no ha muerto, pero está en agonía".
Cossío estampó su firma en representación de las autonomistas Santa Cruz, Beni, Pando y Chuquisaca, abriendo la puerta a una distensión entre esos cinco departamentos bolivianos (de nueve) y el gobierno, luego de tres semanas de violentas protestas que dejaron 19 muertos a bala, la mayoría campesinos leales a Morales.
"Que sea el inicio de un gran acuerdo nacional para que le demos paz y tranquilidad a nuestra gente", dijo el prefecto de Tarija.
Los prefectos habían objetado previamente el documento en protesta por la detención y posterior confinamiento del prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, a quien el gobierno responsabiliza de la matanza. A causa de la detención de Fernández algunos habitantes de Cobija, capital de Pando, cruzaron la frontera con Brasil para refugiarse de eventuales represalias del gobierno.
En el acuerdo también se pactó que mientras el diálogo esté en curso el gobierno debe dejar en suspenso el referendo sobre una nueva Constitución -previsto para enero de 2009-, una de las principales demandas de las cinco regiones bolivianas que rechazan el texto al que tachan de ser excesivamente indigenista y estatista.
Mientras la reanudación del diálogo fraguaba, la presidenta chilena Michelle Bachelet designó al ex canciller Juan Gabriel Valdés como su representante en la comisión de la Unasur destinada a apoyar un acuerdo, tal como fue acordado en la reunión extraordinaria del organismo el lunes.
MARCHA. La expectativa por el diálogo logró distender en parte la tensión reinante. Campesinos bolivianos oficialistas que mantienen bloqueadas tres rutas hacia Santa Cruz, bastión de la oposición, postergaron ayer una marcha hacia la ciudad a la espera de la negociación entre las partes hoy en Cochabamba.
"La marcha no se ha confirmado. Estamos esperando lo de Cochabamba (las negociaciones) pero además que cumplan con el documento" de un acuerdo base firmado la noche del martes, dijo Félix Martínez, coordinador de uno de los piquetes.
"Seguiremos con los bloqueos (de rutas) hasta que se cumpla con el documento", que prevé la entrega de las instituciones tomadas hace nueve días por opositores al gobierno central, agregó Martínez, que además es presidente del Comité Cívico de San Julián. "Continuaremos con las deliberaciones mañana", acotó.
Los campesinos habían previsto para ayer una marcha a Santa Cruz, donde realizarían "un acto de encuentro y una recuperación simbólica de las instituciones" que fueron tomadas la semana pasada por grupos cívicos opositores en Santa Cruz, señaló Martínez.
Sobre la posibilidad de un enfrentamiento para recuperar las instalaciones de Aduanas, la empresa de telecomunicaciones Entel, Impuestos Internos, entre otras, aseguró: "No iríamos a tomarlas por la fuerza".
El sitio provoca pánico y "exilio" en Cobija
Cobija, Bolivia | El estado de sitio impuesto al departamento de Pando promovió un escenario de tensión que afectó a las fronterizas ciudades brasileñas de Brasileia y Epitaciolandia, con atemorizadas familias divididas y bolivianos escondidos al otro lado de la frontera.
Foco de la tensión, la capital de la región, Cobija, se mantiene cerrada por tropas del Ejército que controlan el aeropuerto y los accesos carreteros, y de esa forma la única salida real es cruzar uno de los puentes que separan a Bolivia del territorio brasileño.
El puente Wilson Pinheiro une a Cobija con la ciudad brasileña de Brasileia, al tiempo que el puente de la Amistad conecta con la localidad de Epitaciolandia, dos núcleos urbanos que sintieron directamente los efectos del estado de sitio en Pando.
Versiones no confirmadas mencionadas con insistencia por representantes de grupos autonómicos bolivianos en Brasileia indican que serían más de mil las personas que buscaron refugio en territorio brasileño, aunque la alcaldía estima que serían alrededor de 400.
"Mucho cuidado si van para Cobija, porque hay peligro, hay muchos soldados por las calles", repite un policía brasileño apostado ante el puente en Epitaciolandia, el único que permite el paso de automóviles hasta las 22 horas. AFP
Ultimátum para un prefecto
El comité cívico popular del barrio cruceño marginal Plan 3.000, un bolsón electoral del presidente Evo Morales, dio ayer un ultimátum de 48 horas al prefecto (gobernador) de Santa Cruz, el opositor Rubén Costas, para presentar su renuncia. "Esto (el ultimátum) lo hemos decidido hoy en reunión del comité", aseguró el dirigente Jaime Choque, y agregó que "apoyaremos la marcha de los campesinos que vengan a Santa Cruz", hacia donde se dirigirían si Costas no deja su cargo. "Vamos a marchar pacíficamente", aseguró Choque, pero agregó que "si nos provocan vamos a tener que armarnos". AFP