Chávez defiende a sus funcionarios de acusaciones de EE.UU.

Caracas - El presidente venezolano Hugo Chávez defendió ayer a tres funcionarios de su gobierno acusados por el gobierno de Washington de dar ``ayuda material´´ a la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y calificó de ``infamia´´ tales acusaciones.

``El imperialismo yanqui arremete ahora contra tres dignos venezolanos, y aquí quiero salir en su defensa. Acusados nada más ayer por el Imperio de que financian a las FARC... al terrorismo... es una infamia´´, dijo Chávez el sábado durante un discurso ante miembros de su partido de gobierno.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció el viernes que congelaba los activos de dos altos funcionarios, Hugo Carvajal Barrios, jefe de la Dirección General de Inteligencia Militar (DIM); Henry Rangel Silva, jefe de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP), y del ex ministro del Interior y Justicia Ramón Rodríguez Chacín.

Ya el mandatario venezolano había desestimado el viernes la acusación tildándola de ``absurda... sin ningún tipo de fundamento, basado en mentiras´´.

Según Chávez la acción del Tesoro en contra de los tres funcionarios es toda una cortina ``del imperio´´, (como él llama al gobierno de la Casa Blanca), para tapar sus ``verdaderas acciones´´ en contra de los gobiernos legítimos de América Latina, como la crisis actual en Bolivia y la supuesta ``conspiración´´ que se habría descubierto a mediados de semana para asesinarlo a él.

Los tres acusados habrían entregado armas y fondos a las FARC y, según el comunicado del Tesoro, Rodríguez Chacín sería el contacto directo entre el gobierno venezolano y el grupo subversivo colombiano para enviarle el armamento.

Mientras, Carvajal se aseguraría de cuidar la seguridad del tráfico de drogas de la guerrilla facilitándoles documentos de identidad venezolanos.

El documento puntualiza que Rangel Silva ``ha dado ayuda material a las actividades de narcotráfico de las FARC´´, y que de comprobarse los cargos habría multas millonarias y penas de entre 10 y 30 años de prisión.

AP